Cada 1° de octubre, Costa Rica celebra el Día Nacional e Internacional de la Persona Adulta Mayor. Lo hace, en general, con entusiasmo. Las municipalidades organizan ferias, homenajes, presentaciones culturales, bailes de salón y actividades recreativas en centros diurnos. Todo eso es legítimo, necesario incluso. Pero, al mismo tiempo, profundamente insuficiente.

El problema no está en lo que se hace, sino en lo que no se hace: en lo que se deja de decir, de debatir, de exigir. Porque mientras celebramos con música del ayer y frases de nostalgia, se mantiene el silencio estructural sobre el derecho de las personas adultas mayores a participar activamente en la vida civil y política del país.

En Costa Rica —y esto no es nuevo— hemos confundido durante años la ternura con la justicia, y el agradecimiento con la garantía de derechos. A fuerza de tratarlas con afecto, hemos terminado por despolitizar a las personas mayores, reduciendo su rol social a un personaje simpático del folclore democrático, sin poder real.

Participación política: no un gesto simbólico, sino un derecho humano

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley 9394), vigente en Costa Rica desde 2016, no deja lugar a dudas. En su artículo 8, establece que “las personas mayores tienen derecho a participar activamente en la toma de decisiones sobre todos los asuntos que les afecten directa o indirectamente”. No lo sugiere, no lo recomienda: lo garantiza.

La Ley 7935, por su parte, reconoce la participación política y social como uno de los principios rectores de la política nacional hacia la vejez. En teoría, el marco jurídico está. Lo que no está es su implementación coherente y sistemática.

Brechas que no se maquillan con serenatas

Aunque las personas mayores constituyen el grupo etario con mayor participación en procesos electorales, su representación en cargos de elección popular es marginal. El promedio de edad en la Asamblea Legislativa actual es de 49 años y son pocos los diputados que superan los 65 años, no sin sufrir edadismo en el primer poder de la República.  En las municipalidades, apenas unas cuantas figuran en cargos ejecutivos o concejales, generalmente sin respaldo político suficiente para incidir.

El Consejo Consultivo de Personas Adultas Mayores que promueve el Conapam existe, pero su funcionamiento es dispar. No tiene presupuesto propio, ni capacidad real de incidencia. Se les consulta —cuando se les consulta— para validar decisiones ya tomadas. Y muchos territorios, ni siquiera vinculan sus representantes en dicho espacio.

Mientras tanto, en comunidades rurales, costeras o fronterizas, miles de personas mayores enfrentan barreras físicas, tecnológicas, económicas y administrativas que les impiden su derecho a incidir en políticas, participar en audiencias públicas o presentar propuestas ante los gobiernos locales. Peor aún, las mismas barreras también les limita ejercer su derecho al voto.

El edadismo institucional también es político

Hay que decirlo con claridad: en Costa Rica se practica edadismo institucional. No como un acto consciente de exclusión, sino como una estructura cultural que infantiliza a las personas adultas mayores, las trata como sujetos pasivos de cuidado, y no como ciudadanas con agenda propia.

Se les escucha cuando conviene, se les premia cuando ya no incomodan, y se les recuerda —una vez al año— como pilares del desarrollo nacional. Pero al momento de tomar decisiones presupuestarias, discutir el sistema de pensiones, reformar la atención en salud o diseñar ciudades accesibles, sus voces son sistemáticamente ignoradas o filtradas por terceros.

Ciudadanía en la vejez: lo que debería estar ocurriendo

Transformar el Día de la Persona Adulta Mayor en un espacio de empoderamiento cívico requiere un giro de fondo. Significa que las celebraciones no se limiten a lo simbólico, sino que se conviertan en oportunidades de debate público, fiscalización ciudadana y acción política.

Cada cantón debería garantizar que durante octubre se realicen foros ciudadanos con participación directa de personas mayores, donde puedan debatir sobre temas como pensiones, atención geriátrica, transporte público, acceso a tecnología o protección contra el abuso y la negligencia institucional.

Las municipalidades, en coordinación con el CONAPAM, tienen la capacidad de crear y fortalecer Consejos Locales de Personas Mayores, asignándoles presupuesto, brindándoles acompañamiento técnico y garantizando su participación efectiva en los planes de desarrollo cantonal. Si el Estado promueve la participación de juventudes, empresas, cooperativas y asociaciones comunales en la construcción de política pública, ¿por qué no hace lo mismo —de manera real y vinculante— con las personas adultas mayores?

Asimismo, los partidos políticos tienen una deuda grave: siguen diseñando sus listas electorales como si la edad fuera una desventaja electoral. De cara a las elecciones nacionales del 2026, la participación de personas adultas mayores como candidatas a la Presidencia sigue siendo excepcional: apenas dos figuran en la contienda. En las fórmulas vicepresidenciales, el panorama no es distinto, reflejando una constante exclusión etaria en las estructuras de poder político del país. Necesitamos ver personas mayores como candidatas, como regidoras, como diputadas, como tomadoras de decisiones, no como figuras de consulta ocasional.

Envejecer también es hacer política

Las personas adultas mayores no son solo votantes disciplinados ni memorias vivas del pasado. Son lideresas comunales, activistas de cuido, defensoras del medio ambiente, promotores de economía social, guardianes de la institucionalidad. Reducir su participación política a un acto de gratitud es profundamente injusto.

Envejecer no debería significar enmudecer. Y participar políticamente no es un privilegio que el Estado “otorga”, sino un derecho que la ciudadanía ejercita y defiende.

Porque si no hay participación real, lo que queda es puro protocolo vacío.
Y si no hay poder, lo que hay es paternalismo con cara amable.

La silla plástica y el asiento en la mesa de decisiones

Bailar, cantar, recordar y reír también son parte de la dignidad en la vejez. Pero hay algo más urgente, más profundo, más estructural: que las personas adultas mayores tengan un asiento real en la mesa donde se toman las decisiones. No como símbolo. No como figura decorativa. Sino como actoras legítimas del presente y del futuro del país.

Costa Rica no será una verdadera democracia si sigue relegando a miles de personas mayores al margen de la discusión pública.

Porque envejecer también es pensar, decidir y transformar.

Y porque la vejez, cuando se ejerce con ciudadanía, no es el ocaso de los derechos, sino su más clara expresión.

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