Además, la Sección Especializada emitió sanciones contra otras cuatro personas por beligerancia.

La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó a la Inspección Electoral iniciar un procedimiento contencioso-electoral contra Francisco Ernesto Gamboa Soto, candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Pueblo Soberano y actual secretario general de esa agrupación, por presunta beligerancia política.

El órgano adoptó la decisión en resolución interlocutoria dictada ayer, 18 de setiembre, tras una denuncia presentada por el diputado Francisco José Nicolás Alvarado.

Gamboa, exministro de Economía del gobierno de Rodrigo Chaves, figuraba como director de Relaciones Institucionales del Banco Nacional de Costa Rica, un cargo sometido a prohibición absoluta de participación político-electoral según el artículo 29 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y el artículo 146 del Código Electoral. Aunque Gamboa contaba con un permiso sin goce de salario, esa condición no lo eximía de las restricciones legales en materia de beligerancia.

El TSE ha reiterado en resoluciones previas que las licencias laborales, con o sin salario, no interrumpen la relación de servicio público ni eliminan la prohibición de beligerancia. En 2015, por ejemplo, el Tribunal sancionó al entonces vicealcalde de Quepos, Víctor Manuel Aguilar Vindas, con destitución e inhabilitación de dos años por participar en procesos internos del Partido Liberación Nacional mientras ocupaba un puesto con restricción.

En el caso de Gamboa, las sanciones podrían ir desde la destitución sin responsabilidad patronal hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos por al menos dos años, en caso de que se compruebe la falta.

Otros sancionados por beligerancia

Además de la apertura del proceso contra Gamboa, el TSE informó haber emitido cuatro resoluciones contra funcionarios y exfuncionarios por beligerancia política:

  • Henry Núñez Nájera, exintegrante del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, fue inhabilitado por dos años tras publicar comentarios en redes sociales a favor de un candidato a diputación.
  • Wilber Antonio Gómez Campos, exmiembro de la Junta Administrativa del Liceo Ricardo Jiménez Guardia, recibió la misma sanción por inscribirse en una asamblea distrital de un partido político y participar en una convención interna.
  • Mauricio Antonio Gómez Valverde, funcionario de la Universidad Estatal a Distancia, fue destituido y quedó inhabilitado por dos años por participar en asambleas partidarias mientras integraba la Junta Administrativa del Colegio San Luis Gonzaga.
  • Jazmín González Briceño, funcionaria judicial, fue destituida y sancionada con tres años de inhabilitación tras difundir comentarios político-electorales en redes sociales sobre tres partidos.

Estas cuatro resoluciones pueden ser impugnadas ante el pleno de magistrados del TSE.