El país asume nuevas obligaciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso en el ámbito laboral.
El Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece un marco integral contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, entró en vigencia este martes en Costa Rica, tras la publicación de la ley de aprobación en el Diario Oficial La Gaceta.
Este instrumento internacional, adoptado en junio de 2019 en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, reconoce que la violencia y el acoso (incluidos los basados en género) constituyen una amenaza para la igualdad de oportunidades, la dignidad de las personas y la consecución del trabajo decente.
El convenio define la violencia y el acoso como conductas, prácticas o amenazas que puedan causar daño físico, psicológico, sexual o económico. Incluye expresamente el acoso sexual y establece que estas conductas pueden ocurrir tanto en el lugar de trabajo como en actividades conexas: desplazamientos, viajes, comunicaciones relacionadas con el empleo o incluso en trayectos entre el domicilio y el centro laboral.
El marco protege a todas las personas trabajadoras, independientemente de su situación contractual. Cubre a asalariados, aprendices, pasantes, voluntarios, solicitantes de empleo y también a quienes ejercen funciones de empleador.
Con la ratificación, Costa Rica deberá adoptar un enfoque inclusivo y con perspectiva de género para erradicar la violencia y el acoso en los espacios de trabajo. Entre los compromisos asumidos destacan:
- Prohibición legal de la violencia y el acoso en todas sus formas.
- Estrategias nacionales para prevenir y combatir estas conductas, incluyendo políticas públicas y campañas de sensibilización.
- Mecanismos de denuncia y reparación accesibles y eficaces, que garanticen protección a víctimas, testigos y denunciantes.
- Inspección laboral efectiva y facultades para suspender actividades en caso de riesgo grave o inminente.
El país también deberá reconocer el impacto de la violencia doméstica en el empleo y la productividad, y adoptar medidas para mitigar sus efectos en el ámbito laboral.
El convenio impone a los patronos la responsabilidad de implementar políticas de prevención, con acciones como:
- Establecer normas internas contra la violencia y el acoso, en consulta con los trabajadores.
- Incorporar la gestión de riesgos psicosociales en los sistemas de salud y seguridad ocupacional.
- Identificar y evaluar riesgos de violencia y acoso en el lugar de trabajo.
- Garantizar formación, información y capacitación sobre medidas de prevención y derechos laborales.
La Asamblea Legislativa aprobó la ratificación en agosto de 2025 mediante el expediente 22.569, y con la publicación de la norma en La Gaceta se completó el proceso que otorga fuerza de ley al instrumento internacional.
