Recurso señala a la alcaldesa y a varios regidores por no acatar resolución de la Comisión Nacional de Nomenclatura que impide el uso del nombre de Óscar Arias Sánchez en el inmueble.
David Fernando León Ramírez presentó una denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública contra la alcaldesa de Heredia, Ángela Aguilar Vargas, el presidente municipal José Pablo Quesada Castro y cinco regidores, por presuntas faltas en la administración del Palacio de los Deportes.
El documento, presentado este 3 de setiembre, cuestiona la decisión del Concejo Municipal de archivar un informe que recomendaba remover el nombre del expresidente Óscar Arias Sánchez de la fachada del inmueble, pese a existir una resolución de la Comisión Nacional de Nomenclatura (CNN) que lo prohíbe desde 1989.
El caso se originó tras la moción presentada por el regidor José Daniel Berrocal Miranda, del Frente Amplio, para revisar la legalidad del rótulo “Óscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz” colocado en la entrada del Palacio. La Comisión de Cultura de la municipalidad dictaminó favorablemente la remoción de las letras, al tiempo que incorporó el oficio CNN-018-2025, el cual reiteraba la imposibilidad de designar el inmueble con el nombre de una persona viva.
El pasado 25 de agosto, en sesión ordinaria, el Concejo Municipal rechazó ese informe por cinco votos contra cuatro y acordó archivar el oficio. La denuncia presentada ante la PEP sostiene que esta decisión se tomó “a sabiendas” de la ilegalidad advertida por la asesora legal del órgano colegiado, Priscilla Quirós Muñoz.
Dato D+: A favor de ese informe votaron José Pablo Quesada de Sentir Heredia, José Daniel Berrocal del Frente Amplio, Jorge Eduardo Blanco del Partido Progreso Social Democrático y Roxana Arias del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En contra del informe votaron Luis Alfonso Araya, Liliana Jiménez y Heidy Hernández del Partido Liberación Nacional, así como Marlon Obando y Jean Carlo Barboza del PUSC.
Además, se señala a la alcaldesa Aguilar Vargas por no ejercer el veto dentro del plazo legal de cinco días contra dicho acuerdo, pese a que había recibido un derecho de petición ciudadano solicitando la corrección de la irregularidad.
La denuncia invoca la Ley General de Control Interno y los artículos 339 y 357 del Código Penal, relativos a abandono de deberes y prevaricato. En su petitoria, solicita que se investigue a los denunciados y, de comprobarse los hechos, se les impongan sanciones administrativas o se remita el caso a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
El expediente incluye como prueba las grabaciones de las sesiones del Concejo Municipal y el oficio de la Comisión Nacional de Nomenclatura que, desde 1989, rechazó la posibilidad de nombrar el Palacio con el nombre de Arias.
