AAP señaló que incremento del 0,6% en las primas implicaría un aumento significativo al bolsillo de quienes tienen seguros.
La Asociación de Aseguradoras Privadas (AAP) manifestó ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa su oposición al proyecto de ley que garantizaría financiamiento permanente a las redes de Monitoreo Geodinámico y Meteorológico del país (expediente 24.738) a través de un nuevo impuesto del 0,6% sobre las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines (terremoto, inundación, deslizamiento, etc.).
Dato D+: Según su sitio web la AAP está integrada por las empresas Adisa, ASSA, BMI Seguros de Vida y Salud, Davivienda Seguros, MNK Seguros, MAPFRE, Seguros Lafise, Pan American Life Insurance de Costa Rica, Sagicor, SM Seguros y Quálitas.
El proyecto, presentado por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Rosaura Méndez Gamboa, pretende que los recursos de este nuevo impuesto se dirijan a financiar el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional (OVSICORI), la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN), el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica (LIS) y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Desde la AAP señalaron que no cuestionan la necesidad de fortalecer instituciones científicas, sino el mecanismo planteado que utilizaría a las personas aseguradas como una fuente de financiamiento, pues ya financian con impuestos directos a instituciones como el Cuerpo de Bomberos y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que reciben el 4% y el 0,5% de las primas de seguros.
La AAP detalló que, según datos oficiales de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), en 2024 esos impuestos significaron transferencias de 44.400 millones de colones al Cuerpo de Bomberos y 5.500 millones al INEC.
La AAP aseguró que recolectar impuestos cargados a los seguros, es una “forma más ineficiente y perjudicial para las personas aseguradas”, y añadieron:
Según la legislación costarricense y la naturaleza del mercado asegurador, la tarifa del seguro debe contemplar el impacto de todos los factores que inciden en los índices de solvencia, por lo tanto, el aumento porcentual se aplica a otros componentes del cálculo de la tarifa, de forma que el 0.6% sobre podría llegar a convertirse en alrededor de un 1,2%”.
Adicionalmente, la AAP enfatizó en que el impacto sería mayor para las personas que tienen más de un seguro al mismo tiempo, y advirtieron que este proyecto, junto con otras iniciativas que pretenden agregar nuevos tributos sobre los seguros, “son opuestas a las tendencias mundiales que promueven el seguro como la herramienta por excelencia para alcanzar niveles de previsión ante el cambio climático, para crear medidas de resiliencia y reconstrucción más seguras, así como ante los emergentes riesgos de salud y de vida”.
Durante la comparecencia el presidente de la AAP, Kevin Lucas Holcombe, señaló:
Consideramos que el cargo, el impuesto a los seguros, va a desincentivar la compra de seguros, que es un mecanismo dentro de esa red de cuido de los bienes de las personas y de la salud. Entonces uno va en contra del otro".
La directora ejecutiva de la AAP, Norma Montero, señaló en un comunicado de prensa posterior a la audiencia:
Esta imposición tributaria es muy injusta pues únicamente castiga al ciudadano solidario y responsable que ha buscado protegerse a sí mismo y a su familia para financiar servicios que no le sirven en exclusiva ni tienen relación directa con su seguro, sino que son propios de toda la sociedad”.
Durante la comparecencia representantes de la AAP explicaron que estas cargas tienen consecuencias directas que "fomentan la exclusión de miles de familias, que por un tema de costos, no puedan aspirar a las múltiples opciones de seguros que existen en el mercado. Lo anterior, fomenta la vulnerabilidad ante incidentes de la población y recarga esta responsabilidad en el Estado que actualmente tiene graves problemas para atender las necesidades de protección social".
