Los magistrados deberán resolver si el Congreso actuó conforme al procedimiento tras el veto del Ejecutivo.

El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, por unanimidad, resellar el decreto legislativo 10.721 que habilita los allanamientos a cualquier hora y cualquier día de la semana, incluidos feriados, enviando la iniciativa a la Sala Constitucional para que sea la que defina si las objeciones hechas por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles sobre la supuesta inconstitucionalidad de la iniciativa son ciertas o no.

La iniciativa, que se tramitó bajo el expediente 24.495, recibió el voto afirmativo de los 43 congresistas presentes, incluida la bancada oficialista que lo objetó en la votación de segundo debate.

El Poder Ejecutivo vetó totalmente este proyecto alegando su inconstitucionalidad, pues la redacción inicialmente aprobada por el Congreso, aunque habilitaba los allanamientos 24/7, mantenía el requisito de que los allanamientos a horas fuera de lo común debían ser autorizados dejando constancia de la urgencia de hacer el allanamiento. Además, el Ejecutivo alegó que la propuesta era inconstitucional porque no establecía algún parámetro que permitiera, objetivamente, determinar cuándo y por qué debían realizarse en horarios poco comunes.

Por tratarse de un veto total, el gobierno de Rodrigo Chaves no envió al Congreso una sugerencia de corrección al texto, por lo que le correspondió a la Comisión de Asuntos Jurídicos analizar el veto y rendir un informe, en el que por mayoría se indicó que no estaban de acuerdo con los criterios esgrimidos por Zapote.

Sin embargo, a pesar de indicar que no aceptaban las razones del veto, la comisión procedió a hacer cambios al texto de la iniciativa para eliminar la necesidad de dejar constancia de la urgencia de hacer allanamientos fuera de los horarios habituales.

Aunque ello habría significado que el proyecto fuera votado nuevamente en primer y segundo debate, y luego enviarse a la Sala Constitucional para que se pronunciara sobre el proyecto, la Asamblea decidió votar la iniciativa este martes como un "resello" y enviarlo a revisión de la Sala.

Los magistrados tendrán un mes para pronunciarse sobre la iniciativa y dilucidar si la Asamblea siguió el procedimiento correcto a la hora de abordar este veto, o si por el contrario, cometió algún vicio de procedimiento que deberá ser subsanado.