En el editorial del periódico La Nación de fecha 15 de junio de 2025, se hace referencia a cuerpos policiales adscritos a la Presidencia de la República, y en especial al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), como entidades que: “no pueden operar exentos de fiscalización, delimitación clara de funciones, ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Mucho menos cuando existen sospechas de que sus acciones podrían amenazar las libertades públicas”. Se añade en el mismo editorial que: “en cuanto al ICD, el fiscal general reveló, en octubre pasado, durante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos, que el Ministerio Público investiga si vehículos decomisados al narcotráfico y asignados el Instituto han sido utilizada para vigilar a diputado, magistrados, a él mismo y a “todo el que se oponga”.
Sobre estas aseveraciones, en mi condición de máximo jerarca institucional y en nombre de las ciento diez personas funcionarias que laboramos para dicha institución, no puedo admitir que, con las referencias antes esbozadas, se ponga en entredicho la buena reputación de la cual goza el ICD, tanto a nivel nacional como internacional.
Debe recalcarse que, el Instituto Costarricense sobre Drogas, es una institución pública rectora en materia de drogas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y crimen organizado que, a diferencia de muchas otras entidades estatales, tiene claramente establecidas sus funciones, competencias y estructura organizativa, en la Ley N°7786 sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, y sus reformas. A su vez, cuenta con mecanismos de fiscalización, como lo es la Auditoría Interna, en estricto cumplimiento a la Ley de Control Interno, y ha sido sometida a estudios especiales por parte de la Contraloría General de la República, atendiéndose de manera satisfactoria las recomendaciones dadas por los órganos de fiscalización. Pero, además, dadas las materias especializadas que se abordan desde la institución, constantemente está sometida a evaluaciones por parte de organismos internacionales.
Por otro lado, si bien el ICD recibe en custodia los bienes que le son decomisados al narcotráfico y al crimen organizado, lo cierto es que, según lo habilita la ley, estos bienes pueden ser dados en préstamo a otras instituciones del Estado. Esta concesión temporal de vehículos se realiza por medio de la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional, en donde la entidad que recibe en préstamo los bienes, se compromete a asegurarlos, darles mantenimiento correctivo y preventivo, indemnizarlos en caso de pérdida o robo, y hacer uso de estos conforme a los fines institucionales, entre otras obligaciones. Lo anterior, so pena de que se tenga por finalizado el convenio y por consiguiente el préstamo de bienes. Las responsabilidades por el uso inadecuado que realice la entidad pública beneficiaria son exclusivas de dicha institución y de su personal. Por lo que, debe quedar claro que, el ICD, no presta bienes para seguir a nadie, y si algún tercero lo hace, es bajo su completa y entera responsabilidad.
La entrega y el compromiso que tienen las personas funcionarias del Instituto Costarricense sobre Drogas en la lucha contra el narcotráfico, la legitimación de capitales y el crimen organizado, en tiempos en donde hay mayor demanda, obliga a que se deba defender el buen nombre que tiene la institución. En el ICD estamos al servicio de Costa Rica, y atendemos fielmente las disposiciones de nuestra Constitución Política y las leyes.
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