Organizaciones advierten a las diputaciones que aprobar esta ley acarreará consecuencias políticas en los próximos comicios.
Una amplia coalición de más de 100 organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, ASADAS, académicas y de múltiples sectores expresaron su preocupación por el avance del proyecto de Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (expediente 23.511), actualmente en discusión en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
Para las organizaciones firmantes, este proyecto representa un serio retroceso en materia ambiental y social. Señalan que “en lugar de modernizar la legislación para promover una gestión justa, democrática y ecológica del agua, el texto actual abre peligrosos portillos que facilitan su explotación desmedida, en beneficio del sector extractivista”.
Las organizaciones advierten a las y los diputados que aprobar esta propuesta, presentada por el liberacionista Óscar Izquierdo Sandí, acarreará consecuencias políticas en los próximos comicios:
Haremos visible su responsabilidad. No permitiremos que se entreguen nuestros bienes hídricos a los intereses agroindustriales, inmobiliarios y de la construcción. Les vamos a aguar la fiesta”.
En detalle, señalan que uno de los puntos más críticos del proyecto es la posibilidad de reducir las zonas de protección alrededor de nacientes y acuíferos, sin garantías mínimas ni estudios técnicos previos. En una opinión jurídica la Procuraduría General de la República advirtió que esto viola el principio precautorio y constituye una regresión ambiental.
Las organizaciones en contra de la iniciativa señalaron que un ejemplo alarmante se da en la Zona Norte de Cartago, donde nacientes que abastecen a más de 50 mil personas presentan niveles de contaminación por clorotalonil degradado superiores a los permitidos.
Agregaron que según el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el 80% del área de protección de esas nacientes está invadido: 44% por agricultura intensiva, 33% por pastos, 3% por infraestructura, y solo un 20% conserva cobertura forestal.
Además, compartieron que el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea también detalló que las reducciones propuestas en zonas de protección podrían provocar fragmentación del bosque, pérdida de biodiversidad, alteraciones del ciclo hidrológico y mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.
Entre las críticas de las organizaciones también se menciona que el proyecto deja temas clave, como el otorgamiento de concesiones, el caudal ecológico y la participación ciudadana, sujetos a reglamentación futura, sin garantías en el texto legal. "Esto debilita el control ciudadano y limita la participación de comunidades rurales, costeras e indígenas", agregaron.
Otro punto crítico es que se permitiría a desarrollos inmobiliarios, como condominios turísticos, perforar pozos propios si el AyA declara falta de disponibilidad, sin distinguir entre proyectos comunitarios y grandes emprendimientos privados. Esta medida puede generar desplazamientos, turismo descontrolado y graves impactos ecosistémicos, especialmente en zonas costeras”.
La propuesta también plantea una amnistía general para legalizar pozos ilegales, sin estudios técnicos ni revisión de impacto, lo que premia la ilegalidad y compromete la sostenibilidad de los acuíferos.
Además, alertan que el proyecto no delimita las competencias de las instituciones involucradas en la gestión del agua, lo que puede generar conflictos, descoordinación y vacíos de responsabilidad.
Otro punto señalado es que no se menciona el cambio climático, no se establecen obligaciones concretas ni mecanismos eficaces para garantizar la adaptación, la protección de ecosistemas o una planificación hídrica con enfoque climático.
Frente a esta situación, las organizaciones firmantes exigen que se abstengan de aprobar este proyecto de ley. "Antes de avanzar, es indispensable determinar si vulnera la Constitución y el derecho humano al agua. No se puede legislar a espaldas del pueblo y del ambiente”, finalizaron.
Actualmente la iniciativa de ley se encuentra en el segundo día de mociones vía artículo 137.
Las organizaciones y personas firmantes se pueden encontrar en el siguiente documento.
