La migración que experimentamos ya no es la migración del campo a la ciudad. Ahora hay una nueva forma de presión y moneda de cambio, dejando entredicho los convenios internacionales en derechos humanos.
La soberanía nacional y la migración está siendo interpelada ya no solo por temas de seguridad y filtrar antecedentes penales, sino que ahora también podría responder a la adhesión de un pensamiento político partidario, a los intereses económicos y las alianzas de negocios tecnológicos, socavando la naturaleza del Estado y la democracia. Esto es de mucho cuidado y nos debe de prestar atención sin importar a qué fila partidaria pertenezcamos, nos debe de unir.
Costa Rica había sido entrañable. Había incorporado marcos jurídicos, donde constitucionalmente había reconocido la igualdad de nacionales y extranjeros, pero disponiendo de la salvaguarda de los intereses laborales y la seguridad. La Ley General de Migración y Extranjería (8764), junto con sus reglamentos, fomentan la integración de las personas migrantes al desarrollo del país y para aquellos que rompan la ley figuras como la expulsión, deportaciones o aprehensiones.
Su política migratoria integral recién actualizada en el marco de la anterior ley, establecen que es de interés público y exhorta a que se lleven a cabo una acciones unitarias y coordinadas interinstitucionalmente, en apego a lo establecido en la Constitución Política, sus tratados y convenios internacionales ratificados en materia de derechos humanos.
Aquí el meollo del asunto. Pese a ser interés público, e invita a una acción unitaria y coordinada interinstitucionalmente, Costa Rica tiene tres afecciones estructurales en una arena altamente geopolitizada que nos afecta evolucionar, en el cual el norte está utilizando la migración como moneda de cambio y presionando a que reciban migrantes; si no tomarán medidas por lo que hemos preferido callar argumentando que la prioridad son los centenares de pobres locales y evitar impuestos pese a nuestros marcos locales e internacionales.
Con este contexto desafiante, tenemos males internos. La primera afección o debilidad es que al no ser el tema migratorio una política de Estado y más bien le otorga al Poder Ejecutivo el exclusivo poder de determinar medidas que restrinjan esa movilidad en apego siempre a su soberanía nos deja debilitados y amarrados al corto plazo.
En este caso, las presidencias determinan y la DGME ejecuta el control y la política migratoria, pero no establece mecanismos de rendición de cuentas, evaluación y contrapesos con poder de toma de decisiones, sino órganos ejecutores y asesores como el Consejo Nacional pero siempre depositando en la figura de la Presidencia la autoridad final.
Por lo que, podría evitar responder a una política de Estado y sus tratados, colocando cualquier acción en política publica en esta materia, supeditada a una autoridad subrepticia que dependiendo de cómo amanezca los nublados puede cambiar el asunto, a que las presidencias de turno no la usen como campaña, como moneda de cambio, o que dependa de creencias personales sobre la migración, a presiones exteriores y hasta de dogmas religiosos.
Para ser claros, la admisibilidad pasará claro por la administración, pero si la figura de la Presidencia indica otra cosa, se ejecuta finalmente esta. De ahí, se abre o no CATEM, de ahí similarmente con el tema de las visas, quedan supeditadas a decisiones políticas y no a criterios técnicos necesariamente, sino a merced de lo que quiere hacer cada gobernante de turno dejando en un limbo las razones por las cuales se toma dicha decisión.
Peor aún, al establecer legalmente esta ruta que invita a atomizar las decisiones en gestión migratoria a una autoridad central sin contrapesos, todo lo resolverán en San José y esta práctica se agrava más si lo politizan o si se encuentra en tiempos de elecciones municipales o presidenciales.
Y no hay que satanizar la misma autoridad, porque es realmente necesaria, pero si esta responde a un liderazgo descentralizado pero acá es donde viene la segunda afección, y es que la autoridad se replica en un sistema político e institucional centralizado, de modo que no son decisiones donde hay un mando central que delega y cree en el liderazgo local brindándole autoridad y capacidad para intervenir con autonomía y recursos sino, una especie de autoridad subrepticia modelada en ese centralismo del Estado para dar instrucciones sin partir del talento local. Es decir, si no hay vinculación de la cúpula, quieto soldado hay que ver como amaneció el clima.
Al haber rotación cada cuatro años con poca claridad en una política de Estado, queda nuevamente a merced del tipo de liderazgo, autoridad y factura del nuevo gobernante de turno y nuevamente, un reset del casete sin importar buenas prácticas que hubieron, en qué estado están las donaciones o inversiones, y nuevamente empieza el ciclo con el deterioro y la desmotivación de la cultura organizacional institucional al ver que no hay evaluaciones ni premiaciones ni continuidad a lo que realmente sirve mientras las personas migrantes sufriendo con falta de respuesta y continúa la inercia.
Finalmente, una tercera afección, es que lastimosamente se simplifica con lo que un amigo muchas veces me dijo, en Costa Rica todo es posible pero nada se puede. En el tema migratorio, por un lado, tenemos una arquitectura jurídica robusta, docenas de rutas, protocolos y excelentes funcionarios para que cada institución resuelva desde su lógica pero no están conectados, vivimos en un archipiélago y asignamos más derechos sin presupuesto en lo operativo, lo cual nos deja más debilitados para hacerle frente a estos nuevos desafíos.
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