La propuesta pretende crear una certificación obligatoria para asesores financieros.

La diputada de Nueva República (NR), Olga Morera Arrieta, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.958) que pretende crear la figura del planificador financiero con fe pública (denominados en el proyecto como PFC) con el propósito de "establecer estándares obligatorios en la asesoría financiera, garantizar la calidad y transparencia en la comercialización de productos financieros y fortalecer la protección del consumidor financiero".

El texto presentado define a los PFC como los profesional certificados que brindan "asesoría financiera integral con estándares de calidad, ética y transparencia, pudiendo comercializar productos financieros y emitir informes con fe pública", los cuales deberán cumplir un proceso de acreditación profesional regulado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en coordinación con las superintendencias del sistema financiero. Adicionalmente, el texto establece que en el MEIC se deberá crear al Registro Nacional de PFC que deberá ser de acceso público.

Dato D+: Tener fe pública significa contar con la autoridad legal para dar certeza y autenticidad a hechos, actos o documentos ante terceros, de modo que lo que se certifica se presume verdadero hasta que se pruebe lo contrario.

Según indica la exposición de motivos, el proyecto busca establecer un marco legal para certificar, registrar y supervisar a los asesores financieros, con el fin de fortalecer la transparencia en la comercialización de productos financieros, la educación financiera y la protección de las personas consumidoras. El texto indica:

Actualmente, en Costa Rica cualquier persona puede ofrecer asesoría financiera sin contar con una certificación oficial ni someterse a un código de ética o normas de supervisión. A diferencia de profesiones como la contaduría, psicología o la abogacía, la asesoría en planificación financiera para personas no exige licencias, formación profesional ni un sistema de acreditación, lo que ha permitido la proliferación de asesoría sin estándares mínimos de calidad”.

Según el proyecto presentado el MEIC deberá diseñar y supervisar el Código de Ética del PFC, en conjunto con las cuatro superintendencias financieras del país, a las cuales se les asigna, además, las siguientes funciones:

  • La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) se encargará de la regulación del PFC en la asesoría sobre créditos, productos bancarios y gestión de deuda.
  • La Superintendencia General de Valores (Sugeval) se encargará de la supervisión de asesoría en inversión y fondos de inversión.
  • La Superintendencia de Pensiones (Supen) se encargará de la fiscalización de asesoría en planificación previsional y fondos de pensión.
  • La Superintendencia General de Seguros (Sugese) se encargará del control sobre la comercialización de productos aseguradores.

Adicionalmente, la iniciativa establece que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) sería la instancia de supervisión macro que velará por la armonización regulatoria entre las superintendencias y su correcta implementación en el marco normativo para los PFC.

Entre las obligaciones que establece la iniciativa para los PFC destacan:

  • Contar con titulación universitaria en áreas financieras o afines y completar un proceso de certificación avalado por el MEIC.
  • Inscribirse en el Registro Nacional de PFC y someterse a auditorías y evaluaciones periódicas.
  • Actuar bajo principios de idoneidad, ética, lealtad y transparencia, velando por el interés del consumidor.
  • Presentar informes de asesoría financiera válidos como prueba documental ante tribunales.

La ley también prevé un régimen sancionatorio que incluye multas, suspensiones temporales e inhabilitación definitiva para los PFC que incumplan sus obligaciones, incluyendo la falsificación de informes o el ocultamiento de conflictos de interés. Asimismo, el proyecto establece que las entidades financieras tendrán dieciocho meses para incorporar PFC certificados en sus equipos de asesoría.

Debido a que el primero de mayo inicia el periodo de sesiones extraordinarias, la iniciativa podrá iniciar su trámite correspondiente solo si es convocada por el Poder Ejecutivo, caso contrario deberá esperar hasta el 1 de agosto para iniciar su trámite.