Según el ente defensor, las entidades bancarias deben actuar oportunamente ante fraudes electrónicos. 

La Defensoría de los Habitantes manifestó, por medio de un comunicado de prensa, su respaldo al proyecto de ley (expediente 23908), actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa, cuyo texto original se denomina Ley de protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica, ya sea pública o privada, autorizada para este fin.

A criterio del ente defensor, dicha iniciativa representa una respuesta necesaria y oportuna para las personas usuarias de servicios bancarios que han sido víctimas de estafas. La Defensoría señaló que el proyecto de ley no pretende en modo alguno incentivar prácticas de autofraude o actuaciones ilícitas. Si no que, por el contrario, busca garantizar que las entidades financieras brinden a sus clientes víctimas de estafa una atención adecuada, rápida y oportuna, fundamentada en criterios técnicos.

Durante el último año, la Defensoría ha atendido varios casos de personas afectadas, en su mayoría clientes de bancos públicos, quienes tras ser víctimas de estafas también han denunciado haber sufrido un trato inadecuado por parte de las entidades financieras. El ente defensor agregó:

Esta Defensoría reprocha el que los procedimientos internos en los bancos, tras la denuncia interpuesta por las víctimas, llegue superar los 120 hábiles en algunos casos, para finalmente obtener una respuesta sin un respaldo o criterio técnico sobre lo sucedido, pese a que la normativa actual establece una responsabilidad objetiva de la entidad financiera, que finalmente es la que ejerce el negocio por su cuenta y riesgo propio, debiendo ésta garantizar a sus clientes la seguridad informativa debida".

Con el objetivo de abordar esta problemática de manera integral, la Defensoría le solicitó a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), tal y como se hace con la información sobre suficiencia patrimonial, que se garantice a los clientes actuales y potenciales del sistema bancario, el acceso a información sobre las condiciones de seguridad de las plataformas tecnológicas (TI) de los bancos del Estado, de conformidad con la normativa que rige la materia emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y los estándares internacionales de Basilea. No obstante, la SUGEF se negó a proporcionar dicha información al ente defensor.

Ante este escenario, la Defensoría reiteró la urgencia de aprobar dicho proyecto de ley e hizo un llamado a las autoridades del Sistema Bancario Nacional para que implementen acciones concretas de mejora, recordando que los clientes deben ser considerados como sujetos de especial protección frente a los fraudes electrónicos:

Quienes hasta el día de hoy son re-victimizados, plazos totalmente irrazonables. Asimismo, se reitera a la SUGEF la necesidad de brindar información con el fin de que como “consumidor financiero”, el cliente pueda escoger el Banco que brinde mayor protección de TI a sus intereses".