En teoría, el control político es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Permite que los diputados fiscalicen a las instituciones, cuestionen decisiones del Ejecutivo y se aseguren de que el Estado funcione al servicio del ciudadano.

En la práctica costarricense, sin embargo, este instrumento se ha convertido —con demasiada frecuencia— en una tarima para que cada quien suba a decir lo que mejor le parece, sin estrategia, sin datos y, lo que es peor, sin consecuencias.

Lo que debería ser

El control político bien ejercido tiene un poder enorme: puede provocar la destitución de ministros en sistemas parlamentarios, impulsar renuncias políticas en sistemas presidencialistas, destapar casos de corrupción, corregir políticas públicas y devolver la dignidad al uso de los recursos públicos.

En Costa Rica, aunque la moción de censura no tiene un efecto directo, sí puede debilitar políticamente a un jerarca, generar presión pública para su salida o remitir hallazgos a la Fiscalía o a la Contraloría para eventuales procesos legales.

Pero para lograr cualquiera de esos efectos no basta con que los diputados se desahoguen frente al micrófono del Plenario.

Un verdadero control político requiere al menos:

  • Hechos y evidencia, no suposiciones ni rumores.
  • Coordinación entre diputados, para sostener la presión sobre un tema.
  • Interpelaciones efectivas, donde se cite a los responsables a responder con claridad.
  • Investigaciones profundas, a través de comisiones que produzcan informes serios.
  • Seguimiento, para asegurarse de que lo señalado se corrija.
  • Participación ciudadana, comunicando de forma clara por qué un caso nos afecta a todos.

Cuando esto no ocurre, el control político pierde su sentido y se vuelve un acto meramente simbólico, sin ningún impacto real en la calidad de vida de la gente.

¿Qué se puede lograr?

Cuando se hace bien, el control político ha logrado cosas como:

  • Perú: En abril de 2024, seis ministros del gabinete de la presidenta Dina Boluarte renunciaron en medio de una investigación por corrupción relacionada con relojes de lujo. Este hecho ocurrió mientras el Congreso evaluaba una moción para destituir a la presidenta por “incapacidad moral permanente” (France24).
  • Chile: El Congreso ha desempeñado un papel activo en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, la Fundación Multitudes ha desarrollado estudios sobre corrupción en la política municipal, utilizando la ley de lobby para aumentar la transparencia (OCDE).
  • Reino Unido: Los comités selectos del Parlamento han sido fundamentales para exponer fallos en políticas públicas. Estos comités tienen la autoridad para citar a funcionarios, solicitar documentos y emitir informes que pueden influir en cambios de políticas o en la renuncia de altos funcionarios (Institute for Government).

En Costa Rica también se han logrado avances, aunque pocas veces de forma sistemática. Casos como la investigación de los créditos del Banco de Costa Rica o el caso del “Cementazo” demostraron que, cuando hay voluntad política y presión ciudadana, el control político puede llevar casos a la Fiscalía, a los Tribunales o incluso provocar el despido de altos jerarcas.

Sin embargo, el impulso se diluye cuando cada diputado prefiere hablar de su propia agenda sin conexión con los demás. Tampoco ayuda la falta de seguimiento: en el caso del “Cementazo”, por ejemplo, no se ha cuestionado la lentitud del Poder Judicial, pese a que la justicia debe ser pronta y cumplida. Mucho menos se ha exigido la aplicación de lo estipulado en el Estado de la Justicia en materia de nombramiento de los magistrados o las reformas necesarias que contribuirían directamente a mejorar el funcionamiento del Poder Judicial.

El verdadero rol de la Asamblea Legislativa

La labor más importante de la Asamblea Legislativa es, a juicio de muchos expertos, precisamente el ejercicio del control político. La Asamblea aprueba los presupuestos con los cuales el Poder Ejecutivo actúa, y le corresponde entonces velar por el buen uso de los fondos públicos y porque el Ejecutivo no violente derechos ni transgreda las libertades públicas consagradas en la Constitución.

La forma adecuada de ejercerlo es a través de comisiones especiales de investigación o por medio del trabajo de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, donde se abre un expediente sobre un tema específico, se convoca a ministros, a la contralora general o a cualquier autoridad relevante. Vale recordar que la Contraloría es un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, un brazo técnico auxiliar indispensable para verificar si los fondos públicos están siendo usados de manera eficiente.

Sin embargo, lo que se ha venido llamando “control político” en Costa Rica se ha reducido muchas veces a los primeros treinta minutos de las sesiones del Plenario, donde cada diputado tiene cinco minutos para hablar de cualquier cosa. El orden de participación apenas se establece, y no existe un hilo conductor: simplemente cada quien expone lo que considera importante.

En la práctica, estos discursos suelen terminar ignorados, a menos que algún medio de comunicación recoja alguna intervención llamativa y le dé cobertura.

Pero si esos discursos no vienen acompañados de acciones concretas —como pedir auditorías a la Contraloría, presentar denuncias penales o montar campañas informativas para alertar a la ciudadanía—, todo queda en palabras al viento. Es, en el fondo, una versión legislativa de lo que ya se hacía en la Avenida Central hasta hace poco: quejarse en voz alta… pero sin cambiar nada.

¿Por qué debería importarle al ciudadano?

La ausencia de un control político real tiene consecuencias directas en la vida diaria, porque abre la puerta al desperdicio y la mala gestión de los recursos públicos. Así es como un ministerio mal administra fondos, se construyen hospitales que no funcionan, escuelas que se inundan o carreteras que colapsan al primer aguacero.

Cuando no hay fiscalización, quienes manejan el dinero público saben que pueden actuar sin rendir cuentas. Eso se traduce en más impuestos, menos servicios y más frustración para el ciudadano de a pie.

Cada vez que un diputado decide hacer su propio show en lugar de coordinar con otros para ejercer presión efectiva, está contribuyendo a que los problemas se profundicen: corrupción sin castigo, servicios públicos deficientes, burocracia costosa y proyectos abandonados.

¿Dónde sí funciona?

Los sistemas donde el control político es más efectivo suelen tener:

  • Reglas claras sobre interpelaciones y plazos para responder.
  • Comisiones parlamentarias con poder real de investigación.
  • Cultura política donde se considera inaceptable no rendir cuentas.
  • Medios de comunicación que amplifican los hallazgos con rigor.
  • Ciudadanos que no se conforman con un espectáculo, sino que exigen resultados concretos.

Países como el Reino Unido, Canadá, Noruega o Chile muestran cómo un Congreso puede dejar de ser una caja de resonancia para convertirse en un verdadero contrapeso del poder. Y lo hacen no con discursos emocionales aislados, sino con acciones sostenidas, estratégicas y documentadas.

¿Y aquí? ¿qué?

En Costa Rica, si no se transforma el control político en un ejercicio serio, articulado y estratégico, seguirá siendo lo que es hoy la mayoría de las veces: una pérdida de tiempo cara, ruidosa y estéril. El país no necesita diputados que digan lo que sienten, sino representantes que investiguen, denuncien y corrijan: que digan lo que saben.

El verdadero control político no es un acto de ego personal, ni un concurso de frases para videos de TikTok. Es una responsabilidad seria que puede hacer la diferencia entre un país que progresa y uno que se hunde en la inercia y la corrupción.

Es hora de cambiar la dinámica: menos espectáculo y más resultados.

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