Universidad basa su criterio en el análisis realizado por la carrera de Ingeniería en Manejo de Recursos Hídricos.
La Universidad Técnica Nacional (UTN) se suma al conjunto de instituciones académicas, técnicas y sociales que cuestionan la reforma del Decreto Ejecutivo No. 38924-S, “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” que impulsa el Ministerio de Salud.
La universidad basa su criterio en el análisis realizado por la carrera de Ingeniería en Manejo de Recursos Hídricos (IMRH). En su pronunciamiento concluyeron que la modificación del reglamento presenta “riesgos significativos en cuanto a la flexibilización de los estándares de calidad del agua potable”.
Ante esta situación, la UTN considera fundamental mantener los parámetros actuales de calidad del agua potable, implementar metodologías de evaluación de riesgos basadas en análisis rigurosos, fortalecer el monitoreo continuo de las fuentes de agua y garantizar su protección mediante controles más estrictos. Asimismo, enfatizan en la importancia de asignar responsabilidades claras sobre la evaluación de riesgos para evitar que los costos recaigan sobre los usuarios del servicio.
El criterio experto considera que, al flexibilizar parámetros que protegen la salud pública, “se tendría como consecuencia una mayor contaminación en fuentes de agua y un posible aumento de enfermedades relacionadas con la falta de agua potable de calidad, además de una repercusión económica por la atención de pacientes y acciones de protección de los recursos naturales del país”.
Además, considera que no se cuentan con datos, registros y metodologías de evaluación del riesgo que permitan presentar una propuesta robusta para la modificación de dicho decreto.
Desde la UTN plantean la opción de mantener el “Valor Máximo Admisible”, implementar metodologías de evaluación de riesgos más integrales, fortalecer el monitoreo continuo y que la responsabilidad sobre los costos de las evaluaciones de riesgos sea compartida.
También proponen como acción inmediata para eliminar fuentes contaminantes el cumplimiento de la legislación vigente, que establece que se deben eliminar los cultivos que contaminan las fuentes y que, además, se debe respetar un radio de 200 metros alrededor de la fuente, ya que consideran que “la aplicación de la legislación incrementaría el riesgo de exposición a químicos peligrosos”.
Finalmente, enlistaron otra serie de medidas de carácter inmediato que se consideran necesarias para reforzar:
- Resguardo de las áreas de protección de fuentes de agua.
- Fortalecimiento de programas de capacitación y concientización de los productores.
- Elaboración de estudios hidrogeológicos.
- Destinar recursos económicos para que las ASADAS puedan mejorar su funcionamiento.
- Fortalecimiento de los programas de vigilancia y monitoreo continuo.
- Realización de un mayor monitoreo y fiscalización del uso de plaguicidas.
- Incluir programas de capacitación y actualización continua para profesionales.
- Buscar propuestas con nuevas tecnologías que faciliten un monitoreo más preciso.
Además de la UTN, en contra de esta reforma se pronunciaron la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Tecnológico de Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes y la Academia Nacional de Ciencias, entre otros.
Mientras que el Ministerio de Salud, cámaras del sector agro y el Colegio de Químicos han respaldado la necesidad de realizar los cambios.
