El reciente señalamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la necesidad de regular el lobby en Costa Rica pone en evidencia una realidad ineludible: nuestro país sigue rezagado en materia de transparencia y control de influencias en la toma de decisiones públicas, especialmente en lo que tiene que ver con la gestión política. La ausencia de un marco legal que norme esta práctica deja abiertas puertas peligrosas a la opacidad y al favorecimiento indebido de ciertos intereses sobre el bien común.

El lobby, entendido como la actividad de interés y defensa de ciertos sectores ante los poderes públicos, no es en sí mismo negativo. De hecho, en una democracia sana, los diversos grupos sociales deben poder manifestar sus preocupaciones y propuestas a quienes legislan y gobiernan. No obstante, cuando esta interacción se desarrolla sin regulación ni mecanismos de publicidad adecuados, se convierte en un espacio propicio para la corrupción y el abuso de poder, lo que refuerza a su percepción negativa.

La OCDE, en su Recomendación de Principios para la Transparencia y la Integridad en el Cabildeo, señala la importancia de garantizar un acceso equitativo de todos los sectores a la toma de decisiones, prevenir conflictos de interés y asegurar la rendición de cuentas de quienes ejercen esta actividad. Como miembro de la OCDE, Costa Rica no puede seguir postergando la aplicación de estos principios.

En este contexto, y como parte de los esfuerzos previos por regular esta práctica, presenté el Proyecto de Ley de Regulación del Lobby en las Instituciones Públicas y Empresas del Estado (expediente 22.799) durante mi gestión como diputada en el cuatrienio pasado. Esta iniciativa sigue siendo una propuesta válida y oportuna para ordenar esta práctica en el país, o al menos una base para abrir el debate. El proyecto establece la obligación de transparentar los encuentros entre funcionarios públicos y lobistas, definir responsabilidades claras y prevenir que exfuncionarios utilicen su influencia en el sector privado de manera cuestionable.

Los recientes escándalos de corrupción en Costa Rica, como los casos Cochinilla y Diamante, entre otros, han evidenciado la necesidad de mayor control sobre las interacciones entre el poder político y los grupos de interés. La ciudadanía merece saber quiénes inciden en las decisiones que afectan la vida del país y bajo qué condiciones lo hacen.

El reto ahora recae en la Asamblea Legislativa, que debe retomar y fortalecer este proyecto para convertirlo en ley. No se trata de obstaculizar el derecho de representación de intereses, sino de garantizar que este se ejerza con equidad, publicidad y responsabilidad. No podemos seguir esperando a que otro escándalo de corrupción nos recuerde lo que ya sabemos: la regulación del lobby es una condición indispensable para fortalecer nuestra democracia y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

Si ingresamos a la OCDE, fue para mejorar como país, lo que implica seguir sus recomendaciones. En este caso, la recomendación es reiterada y el proyecto está sobre la mesa como una base para avanzar. Entonces, ¿por qué no dar el siguiente paso?

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