Vecinos cuestionan intento de renombrar un sector de la playa como “Punta Loros”, lo que abriría la puerta a su privatización.

La comunidad de Brasilito, en Santa Cruz, Guanacaste, alzó nuevamente la voz para defender el nombre, el acceso público y el patrimonio ambiental de su playa, tras nuevos intentos de actores privados por modificar su identidad territorial y avanzar en procesos que, según denuncian, buscan su privatización.

El pasado 11 de marzo, la Sala Constitucional otorgó una medida cautelar que prohíbe a la desarrolladora Cantomar Beach Club talar árboles en el sector conocido históricamente como Punta Pelencho, tras un recurso de amparo presentado por ciudadanos de la comunidad. Durante el proceso han surgido indicios de que la empresa intenta controlar el acceso a la playa bajo un modelo exclusivo para sus miembros, una medida que contravendría la legislación costarricense sobre el dominio público marítimo-terrestre.

Desde el 15 de enero, los vecinos detectaron la etiquetación de árboles en zona pública. Esta acción, sumada a la creación de una asociación privada —la Asociación Punta Loros para la Sostenibilidad, Conservación y Promoción Responsable de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, Playa Punta Loros—, encendió las alarmas de la comunidad. La organización solicitó al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) el reconocimiento de un nuevo comité de Bandera Azul Ecológica con el nombre “Punta Loros”, separando así ese sector de la Playa Brasilito original.

Sin embargo, el ICT, mediante el oficio DCR-0248-2025, rechazó la solicitud al indicar que:

“El análisis cartográfico evidenció que la playa denominada ‘Punta Loros’ no existe como tal y que el área inscrita bajo este nombre forma parte de la Bahía Brasilito.”

Los vecinos también denunciaron que la modificación del nombre “Playa Punta Loros” fue visible en plataformas como Google Maps, a pesar de que el único órgano facultado para regular la nomenclatura geográfica en el país es el Instituto Geográfico Nacional (IGN), según la Ley No. 26852-C.

“Este intento de renombrar el sector desconoce el arraigo cultural e histórico del nombre Playa Brasilito, atenta contra su identidad y habilita una narrativa orientada a justificar la privatización”, expresaron desde el Comité Punta Pelencho, la Asociación de Desarrollo Integral de Brasilito, el Comité Bandera Azul Ecológica Brasilito y la ASADA de Playa Brasilito.

Las organizaciones comunitarias pidieron a las autoridades:

  • Respetar la legislación en materia de nomenclatura geográfica.
  • Garantizar el acceso público al dominio público marítimo-terrestre.
  • Desestimar cualquier intento de seccionamiento o privatización de Punta Pelencho.
  • Incluir a las comunidades en procesos de toma de decisiones sobre espacios públicos.
  • Aplicar la normativa ambiental vigente, especialmente el Decreto 40139-MOPT, que exige consulta socioambiental y medidas de conectividad para la fauna silvestre.

Las organizaciones recordaron que “cada árbol marcado y cada intento de rebautizar la playa son señales de una amenaza mayor a los bienes comunes del país”, por lo que insistieron en el derecho de los pueblos costeros a proteger su identidad, su entorno y su acceso al mar.