Movimiento saldrá del Parque Kennedy rumbo a Casa Presidencial.
La Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) autorizó la participación del personal universitario y la comunidad estudiantil en la marcha que partirá este 5 de febrero del Parque Kennedy con destino a Casa Presidencial.
El rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, indicó que la institución se suma a la manifestación “consciente de su profundo compromiso con la educación pública, los derechos democráticos y la autonomía universitaria”. El permiso será válido de 10:00 a. m. a 12:00 m.
La directriz establece que los estudiantes deberán coordinar con sus docentes la reposición de cualquier actividad evaluativa programada en ese horario. En el caso del personal administrativo, la coordinación deberá realizarse con sus respectivas jefaturas para garantizar que no se afecten los servicios esenciales de la universidad.
Este martes, se dio a conocer una serie de peticiones que la agrupación Coalición Nacional por Nuestras Trincheras presentará al Poder Ejecutivo.
Las demandas abarcan temas de seguridad, educación, transparencia, derechos humanos, medio ambiente, empleo y gobernabilidad.
Entre las principales solicitudes, la coalición exige una estrategia integral contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la Academia de Guardacostas para frenar el tráfico de drogas en rutas marítimas nacionales.
En el ámbito educativo, solicitan la restitución de los programas de educación sexual y prevención del bullying dirigidos a la población LGBTIQ+, así como el descongelamiento de los fondos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y mejoras en la infraestructura educativa, dado que actualmente hay cerca de 849 órdenes sanitarias en centros educativos.
En materia de derechos humanos, el pronunciamiento demanda políticas efectivas para combatir los feminicidios, garantizar el acceso a servicios para víctimas de violencia de género y abrir un debate sobre la despenalización del aborto en casos urgentes.
En cuanto al eje ambiental, la coalición exige una mayor regulación ambiental, una moratoria a proyectos de gentrificación y hotelería que afectan comunidades costeras y vulnerables, así como una regulación estricta del uso de agroquímicos y la implementación de estrategias para la protección de fuentes de agua y bosques.
“Exigimos la revisión de las irregularidades en proyectos de explotación ambiental y la aplicación rigurosa de sanciones a quienes violen la normativa ambiental. ¿Qué pasa en Manzanillo, Limón?”, indicaron.
En el ámbito laboral, piden la eliminación de cualquier intento de implementar la jornada laboral 4x3, argumentando que “precariza los derechos laborales y afecta la calidad de vida”.
Finalmente, la coalición insta al Ejecutivo a fortalecer la transparencia, solicitando una investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral y el cese de lo que califican como un debilitamiento de las instituciones públicas.
“El cumplimiento de estas exigencias es fundamental para la reconstrucción del pacto social y democrático del país”, concluyeron.
