Exmandatario es acusado de presunta infracción constitucional y abuso de autoridad por el retiro de altos mandos policiales en 2020.

La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó un informe que recomienda inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos al expresidente Francisco Sagasti Hochhausler, el peruano-costarricense que gobernó en ese país sudamericano del 17 de noviembre de 2020 al 28 de julio de 2021.

La propuesta, que ahora deberá ser debatida por el pleno del Congreso en marzo, se basa en presuntas infracciones constitucionales y abuso de autoridad, relacionadas con el retiro de 19 altos oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante su mandato.

Sagasti dispuso el pase al retiro de tres tenientes generales y 16 generales en medio de una fuerte crisis social tras la destitución de Martín Vizcarra y la breve presidencia de Manuel Merino. Según el informe, esta decisión se tomó mediante resoluciones supremas “arbitrarias e ilegales” y se designó, sin justificación suficiente, a un nuevo comandante general de la PNP.

El informe final recibió 22 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención en la propuesta de inhabilitación. La acusación se apoya en los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Constitución peruana, y en el artículo 376 del Código Penal sobre abuso de autoridad.

Durante su intervención ante la comisión, Sagasti defendió sus acciones: “La decisión de pasar al retiro al conjunto de oficiales de la policía estuvo estrictamente enmarcada en la Constitución y en las leyes vigentes en su momento”. Su abogado, Carlos Rivera Paz, sostuvo que la acusación es “vaga” y que “no les permite entender cuál es el hecho concreto sobre el cual se pretende generar una inhabilitación”.

En el mismo proceso, se recomendó acusar e inhabilitar a José Elice Navarro, exministro del Interior, a quien se le imputa refrendar las resoluciones cuestionadas. Elice negó las acusaciones y afirmó: “No entiendo por qué estoy incluido en esta acusación si en la fecha no era ministro del Interior. Estamos ante un proceso de juicio político cargado de más elementos políticos que jurídicos”.

Si el pleno del Congreso aprueba la inhabilitación, Sagasti quedaría impedido de ejercer cargos públicos hasta 2035.

Sagasti tiene 80 años de edad y es peruano de nacimiento y costarricense por naturalización. En 1993 se casó con la economista costarricense Silvia Charpentier Brenes, quien fue diputada del Partido Liberación Nacional. Ambos se separaron en 2005.