Iniciativa de ley propone que Sugese, Sugef, Supen, Sugeval y Conassif deberán ser financiados por completo con recursos de los entes fiscalizados.

El diputado del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña Soto, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.813) que pretende eliminar el financiamiento que actualmente reciben las entidades supervisoras, proveniente del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Según la legislación vigente (Ley 7732) el costo de operación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia de Pensiones (Supen), la Superintendencia General de Seguros (Sugese), así como del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) se financia en un 50% con recursos provenientes del BCCR y el 50% restante proviene de las contribuciones obligatorias de los sujetos fiscalizados.

La iniciativa propone eliminar el 50% que aporta el Banco Central, y que sea mediante las contribuciones de los entes supervisados que se financie el 100% de la operación de las entidades supervisoras.

El proyecto establece que, tres años después de la entrada en vigencia de la ley, anualmente aumentará en 10 puntos porcentuales el aporte de las entidades supervisadas, hasta que cubran el 100% del presupuesto. Durante ese plazo transitorio el Banco Central continuará aportando la diferencia para el financiamiento de estos entes.

Para justificar esta modificación, la exposición de motivos señala:

La búsqueda de una mayor equidad en el financiamiento de las actividades de supervisión y regulación, pues es claro que los beneficios de estabilidad financiera que resultan de esas actividades recaen en primer lugar sobre las entidades supervisadas.

Adicionalmente, se da como justificación de este cambio “la necesidad de reducir las pérdidas del Banco Central y así lograr mayor efectividad en la ejecución de la política monetaria y el cumplimiento del objetivo de mantener una inflación baja y estable”.

Dato D+: Según el proyecto las pérdidas del BCCR entre 2020 y 2024 han sido del 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

El proyecto fue presentado con la firma de respaldo de José Joaquín Hernández Rojas del Partido Liberación Nacional, Pilar Cisneros Gallo y Ada Acuña Castro del Partido Progreso Social Democrático, así como de Priscilla Vindas Salazar, Rocío Alfaro Molina, Ariel Robles Barrantes, Sofia Guillén Pérez y Antonio Ortega Gutiérrez de la bancada del FA.