Proyecto del PLP señala que ese "jineteo" del aporte patronal al ROP perjudica en un 7% el monto final de las pensiones.

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC) afirmó que las iniciativas legislativas para eliminar el 0,25% del aporte patronal que financia la Banca Social de la institución generarían un "desequilibrio financiero" que pondría en riesgo programas sociales clave.

En un comunicado titulado "Asamblea de trabajadores y trabajadoras rechaza Proyectos de Ley que Amenazan la Banca Social", la ATTBPDC manifestó su rechazo a los proyectos impulsados por las fracciones del Partido Liberal Progresista (PLP), Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), los cuales buscan redirigir dichos recursos.

El aporte cuestionado forma parte del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), donde los trabajadores contribuyen con un 1% y los patronos con un 0,50%. Del total, el 1,25% se destina a las pensiones complementarias y el 0,25% restante permanece en el Banco Popular para financiar proyectos sociales y productivos.

Según la ATTBPDC, ese 0,25% es fundamental para la sostenibilidad de programas como vivienda social, fondos de avales y la iniciativa BP Bienestar, destinados a mejorar la calidad de vida de las familias trabajadoras.

"Es preocupante e inaceptable que legisladores no reconozcan la importancia y el impacto positivo del 0.25% y estén promoviendo proyectos de ley que intentan destinarlo a otros fines," señaló la Asamblea.

Los impulsores de las reformas —entre ellos la diputada Monserrat Ruiz (PLN), Alejandro Pacheco (PUSC) y Eliécer Feinzaig (PLP)— argumentan que el esquema actual representa una distorsión de la competencia y resta competitividad al encarecer la formalidad laboral.

Según el PLP, la práctica vigente ha permitido al Banco Popular acumular el mayor patrimonio entre los bancos estatales, lo que consideran injustificado tras más de medio siglo de funcionamiento.

La ATTBPDC respondió que esos recursos no constituyen un privilegio, sino un mecanismo de financiamiento para proyectos sociales que otros bancos no ofrecen:

"Modificar el destino de estos fondos sería un retroceso en nuestro objetivo fundamental de promover el bienestar social y económico de Costa Rica", agregaron.

El proyecto más reciente en la corriente legislativa, impulsado por el PLP bajo el expediente 24.345, busca que el 0,25% se redirija directamente al ROP de cada trabajador, argumentando que la actual retención afecta hasta un 7% el monto final de las pensiones. Además, propone permitir la deducción de ese aporte patronal del impuesto sobre la renta.