Reforma establece asignación de 200 mil millones de colones anuales por 20 años para saldar deuda con la CCSS.

Congresistas de cuatro bancadas legislativas firmaron una iniciativa de reforma constitucional (expediente 24.859) que pretende establecer la obligación del Gobierno de destinar 200 mil millones de colones anuales, por un periodo de 20 años, para el pago de la deuda del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) acumulada al cierre del 2024.

El proyecto introduce un nuevo transitorio al artículo 177 de la Constitución Política, para establecer que el Estado deberá realizar la contribución hasta completar los 4 billones de colones que le adeuda el gobierno central a la CCSS (con corte al año anterior). La propuesta, además, fija que para esto se deberá presupuestar, por lo menos, el 0.4% del producto interno bruto (PIB) anualmente.

Adicionalmente, el proyecto indica que la deuda que sea generada a partir del 2024 deberá cancelarse mediante los procedimientos ordinarios según la normativa vigente..

La exposición de motivos justifica esta reforma señalando:

La deuda que mantiene el Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social está poniendo en riesgo el buen funcionamiento del sistema de salud y a la principal institución que brinda servicios de salud en el país. Adicionalmente, el ordenamiento jurídico vigente no cuenta con herramientas jurídicas para atribuir responsabilidad al Estado por incumplir las obligaciones asumidas en acuerdos de pago a largo plazo con la Caja Costarricense del Seguro Social”.

El texto añade:

A pesar de la existencia de una norma constitucional que ordena al Estado garantizar los recursos suficientes para cubrir las contribuciones a la seguridad social como empleador y como Estado, dicha norma no está lo suficientemente desarrollada para hacer garantizar su cumplimiento”.

El proyecto fue presentado con las firmas de Rocío Alfaro Molina, Sofia Guillén Pérez, Antonio Ortega Gutiérrez, Jonathan Acuña Soto, Priscilla Vindas Salazar y Andrés Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio (FA), Rosaura Méndez Gamboa, Paulina Ramírez Portuguez y Andrea Álvarez Marín del Partido Liberación Nacional (PLN), Vanessa De Paul Castro Mora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luz Mary Alpízar Loaiza del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y las diputadas independientes Gloria Navas Montero y Kattia Cambronero Aguiluz.

Trámite de una reforma constitucional

Las reformas constitucionales llevan un trámite especial para su aprobación tras ser presentadas que incluye:

  • Se debe leer tres veces en el plenario durante un mismo cuatrienio, para luego hacer una votación de si se admite o no para estudio.
  • Una vez admitida la propuesta, se conforma con 38 votos una comisión especial que se encargará únicamente de analizar ese proyecto.
  • La comisión brindará un dictamen de la iniciativa al plenario, que debe discutirlo y votar en primer debate de primera legislatura.

Dato D+: Una legislatura es el año legislativo que va del 1 de mayo al 30 de abril del año siguiente. Cada periodo constitucional de una Asamblea Legislativa está conformado por cuatro legislaturas, que equivalen a un cuatrienio.

  • Si el proyecto se aprueba en primer debate de primera legislatura debe enviarse a consulta la Sala Constitucional.
  • Si el proyecto pasa la consulta de constitucionalidad debe aprobarse en segundo debate de primera legislatura, sin importar si el primer y segundo debate coinciden en una misma legislatura.
  • El proyecto se envía a la Presidencia de la República para que lo incluya en su mensaje sobre el Estado Político de la Nación que debe  darse al inicio de cada legislatura.
  • Posteriormente, el proyecto debe discutirse y votarse en tres debates, pudiendo todos ser en una misma legislatura.