Ministro de Hacienda dijo que es “imposible una ruta dadas las condiciones demográficas, fiscales y la visión de futuro”.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, afirmó que es imposible cumplir con la asignación constitucional del 8% del producto interno bruto (PIB) para la educación pública, en respuesta al anuncio de la Sala Constitucional de que el Presupuesto Nacional 2025, en su etapa de presupuesto, era inconstitucional.

En la conferencia de prensa semanal del Poder Ejecutivo, el jerarca contestó, a una consulta del periodista Emanuel Miranda de Central Noticias, que la diferencia entre lo que se entrega a la Educación Pública hoy, y lo que falta para llegar al 8% son cerca de 1.6 billones.

Para cumplir con el monto dijo que tendría tres opciones. La primera es empezar a cerrar instituciones. La segunda subir el IVA al 23%. Mientras que la tercera sería endeudar al país.

Acosta Jaén dijo que cuando se estableció el 8% para educación en 2011, las diputaciones del momento no generaron recursos para poder cumplirlo. 

Así que si usted me pregunta a mí, ¿cuál puede ser la ruta? Ninguna. No hay forma de cumplir con el ocho por ciento de educación.

El ministro agregó que, según la tasa de natalidad, en 25 años el país tendrá apenas una tercera parte de la población estudiantil que existe en la actualidad "y va a seguir en la constitución el 8 %". Además, comparó que en ese entonces no habrá dinero para las personas adultas mayores que van a ser un 20% de la población.

"Si usted me lo pregunta a mí, no hay ruta, y es imposible una ruta dadas las condiciones demográficas y fiscales, pero sobre todo de visión de futuro", reiteró. 

Al respecto el presidente Chaves Robles señaló que la Sala IV "puede emitir cuantas resoluciones quiera" y dijo que ni cerrando el Poder Judicial podrían llegar al 8% constitucional.

En su repregunta, el periodista cuestionó si estaban dispuestos a presentar una reforma constitucional que elimine ese artículo de la Constitución que establece el 8% a educación. Ante esto el jerarca de la cartera de Hacienda dijo que los legisladores no aprobarían una reducción ya  "no es un tema sexy políticamente":

"Nosotros lo podríamos plantear, y también podríamos plantear subir el IVA al 23% Respóndame usted, ¿qué van a hacer los diputados?", dijo al comunicador.

La sentencia de la Sala

El pasado 7 de enero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia IV declaró inconstitucional la omisión del Poder Ejecutivo de presupuestar el 8% del producto interno bruto a favor de la educación pública, en contravención del artículo 78 de la Constitución Política que establece que en la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no puede ser inferior al 8% del PIB.

Así fue sentenciado este martes por la unanimidad del tribunal Constitucional a raíz de una consulta legislativa facultativa de constitucionalidad interpuesta por la Defensoría de los Habitantes en contra del Presupuesto Nacional 2025, y que se tramitó bajo el expediente 

La oficina de prensa de la Sala Constitucional informó que según la resolución, la omisión de presupuestar el 8% afecta directamente el derecho constitucional a la educación gratuita y costeada por la Nación y pone en riesgo el cumplimiento de las garantías fundamentales que el Estado debe proporcionar a la niñez, adolescencia y juventud.

Aunque la Defensoría de los Habitantes solicitó a la Sala emitir una orden de que se garantizara un porcentaje del 7,8%, (asignado en el año 2019 y el más alto alcanzado), la Sala no emitió tal disposición.

Porcentaje del PIB asignado al MEP desde el 2010. (Este gráfico no incluye otros rubros que deben computarse dentro del cálculo del 8% del PIB para educación pública)

La oficina de prensa de la Sala Constitucional informó que según la resolución, la omisión de presupuestar el 8% afecta directamente el derecho constitucional a la educación gratuita y costeada por la Nación y pone en riesgo el cumplimiento de las garantías fundamentales que el Estado debe proporcionar a la niñez, adolescencia y juventud.

Aunque la Defensoría de los Habitantes solicitó a la Sala emitir una orden de que se garantizara un porcentaje del 7,8%, (asignado en el año 2019 y el más alto alcanzado), la Sala no emitió tal disposición.