No podemos pretender que nuestra justicia es pronta y cumplida: dista de ser el caso.
Ejemplos sobran. Abordaré solo un par para ilustrar el punto...
#1 La Trocha
A ver.... : “Juicio por la trocha comenzará en marzo, 11 años después de iniciada la investigación”. Ese titular data de enero del 2023. Sin embargo, en marzo: “Juicio de la trocha paralizado por recusación a jueces”. Bueno, vamos para abril, pero entonces en abril... “Juicio por trocha fronteriza sufre nuevo tropiezo: juez se inhibe por amistad con abogado”. Bueno, vamos para mayo, pero luego en mayo... “Accidente de tránsito obliga a posponer juicio de la trocha por tiempo indefinido”. Ah caramba, bueno.... llegamos a diciembre. ¿Qué se resuelve? “El juicio por el caso ‘la trocha’ fue programado para realizarse entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2024, según confirmó el Poder Judicial tras consulta de CRHoy.com”.
Como podrán imaginar, octubre del 2024 está por terminar y ¡sin novedad, mi comandante!. La denuncia original de doña Laura Chinchilla Miranda data del 4 de mayo de 2012. 12 años y medio después... naranjas.
#2 La Caja
También en 2012 el economista Daniel Muñoz Corea denunció a 16 altos mandos de la Caja Costarricense de Seguro Social por supuestamente haber falseado datos de las finanzas de la institución generando la crisis financiera que enfrentó la Caja en 2010 y 2011. Tras la denuncia pasó el 2012, el 2013, el 2014, el 2015, el 2016, el 2017, el 2018 y recién en 2019 se presentó la acusación. La audiencia preliminar (para definir si el caso se elevaba a juicio) arrancó hasta enero del 2023 y terminó el 20 de ese mes. En junio del 23 el Juzgado Penal de Hacienda rechazó ordenar el juicio y dictó sobreseimiento definitivo a favor de los acusados. Sin embargo, el Tribunal anuló parcialmente lo resuelto y ahora se tiene un nuevo señalamiento para audiencia preliminar a celebrarse entre el 15 de setiembre y el 15 de octubre del 2025.
No me lo estoy inventando. Denuncia: 2012. Eventual audiencia preliminar: finales del 2025, 13 años después.
“Pero Diego, esa es evidencia circunstancial y elegida a dedo, ¿qué dice la data?”.
La data nos dice que tenemos un problema sistémico, integral, que no hemos logrado abordar con propiedad. La data nos dice que, cuando semanas atrás se cuestionó la reelección del magistrado Porfirio Sánchez Rodríguez por el atraso desmedido de su despacho a pesar de ser presidente de la Sala Segunda, el PLN (las cosas se llaman por su nombre) decidió reelegirlo utilizando argumentos como: “Si vamos a hablar de mora judicial, hay que jalarle los mecates a todos los magistrados”. Mal de mucho consuelo de tontos, Tiquicia en desarrollo.
Entonces sí, tenemos un problema y desde hace mucho tiempo se ha venido señalando y evidenciando.
Esto no quiere decir que la forma oportuna de abordarlo sea apostando por la tergiversación y la desinformación. El problema con ese combo es que es altamente efectivo cuando la ciudadanía está justificadamente indispuesta. Ejemplos de esta fórmula sobran pero hoy estamos hablando de la mora judicial así que abordemos el más claro e inmediato: el “Impunómetro”.
El impunómetro
El miércoles pasado el presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, invitó al mediático abogado Juan Diego Castro Fernández a la conferencia de prensa semanal. Durante su intervención, Castro presentó su “Impunómetro” y dijo que el índice de impunidad en el país es de más del 95%.
Para presentar ese dato alegó que entre 1998 y la actualidad se han presentado 4 millones de denuncias y solo 172 mil han terminado en condena.
El dato es un disparate y la relación que establece entre denuncias y condenas un absurdo. Una denuncia por sí sola no es sinónimo de delito. De ser así tendríamos que partir de que las más de 50 que tiene el propio Chaves de no terminar en condena deberían engrosar el “impunómetro” ¿cierto? Con ese sencillo ejemplo queda en evidencia el sinsentido del ejercicio que presenciamos el miércoles.
Una denuncia perfectamente puede terminar en sobreseimiento o en absolutoria sin que eso de ninguna manera implique impunidad. Los hechos denunciados pueden ser falsos (sucede con frecuencia...) o atípicos (no son delito), por citar dos casos frecuentes. Aunado a esto, Castro deja por fuera de su dato de sentencias los casos que concluyen por una reparación integral del daño, o una conciliación, por aludir a dos ejemplos más de situaciones no contempladas en la fórmula del impunómetro y todo esto sin mencionar otras variantes como que la propia víctima retire la denuncia.
Por supuesto, una persona que conoce el funcionamiento del Poder Judicial de arriba a abajo tiene clarísimo lo recién expuesto. Pero el objetivo del espectáculo del miércoles no era educar, formar, ni siquiera criticar. Evidentemente la idea era una vez más desacreditar al Poder Judicial desde el Ejecutivo, en clara sintonía con la campaña sostenida que ha tenido en ese sentido Zapote durante esta administración.
Un contexto complicado
Ya es grave la constante burla a la división de poderes a la que nos hemos “acostumbrado” durante esta administración pero recurrir a información abiertamente falsa, falaz y viciada es llegar a extremos igualmente inaceptables que no deberíamos “normalizar”.
Lo triste es que esta retórica incendiaria y alimentada de desinformación malintencionada es tremendamente efectiva. Pero ojo, quisiera subrayar (una vez más) que no podemos responsabilizar a la ciudadanía (eso que Chaves llama “el pueblo”) por recibir esta propaganda como agua de manantial. Por un lado, nuestro sistema educativo les falló y por el otro, están justificadamente descontentos por que nos guste o no esa institucionalidad que tanto urge defender no ha estado a la altura de las circunstancias.
¿Qué hacer?
Tenemos que entender que este contexto tan delicado y volátil no se resuelve con paneles de expertos hablando en tono académico para audiencias limitadas que de todos modos ya comparten los puntos de vista a exponer.
La responsabilidad compartida que tenemos trasciende las fórmulas añejas que más bien nos han colocado en esta posición. Necesitamos actuar con creatividad y entendiendo que las reglas del juego han cambiado.
Doy dos ejemplos sencillos.
Primero, el propio Poder Judicial. No es posible que sea tan complaciente, apático e indiferente. Su capacidad de reacción sigue siendo la de una tortuga patas arriba cuando se trata de comunicar con celeridad, claridad y eficiencia.
El mismo miércoles debieron preparar una respuesta audiovisual ágil, dinámica, que desacreditara de inmediato las mentiras del Impunómetro y que pudiera tomar vuelo rápidamente en TikTok y demás plataformas de raudo impacto.
Segundo, los medios de comunicación. Me salta el ojo cuando veo que La República cubrió el tema titulando Rodrigo Chaves y Juan Diego Castro califican de “espeluznante” la impunidad en materia penal y utilizando de bajada “Poder Judicial y los diputados son los responsables de la inseguridad en el país”.
Darle ese enfoque a la “noticia” es irresponsable y francamente inaceptable. Los medios de comunicación no podemos convertirnos en máquinas de eco para la desinformación. Nuestra labor está orientada a la búsqueda de la verdad y amén de las afinidades ideológicas, políticas o económicas que cada medio tenga, ese principio básico no puede nunca comprometerse.
A modo de cierre
Sí, como bien ilustré el Poder Judicial está claramente en deuda con la ciudadanía. Pero la discusión de cómo enfrentar y resolver ese problema debe partir de criterios serios, científicos y razonables no de data arbitraria, falsa y manipulada con la clara intención de polarizar, dividir y confundir.
Es imperativo que terminamos de entender lo compleja que es la situación actual de Costa Rica y que nos concentremos en apostar por soluciones no solo creativas sino efectivas para contrarrestar la ola de desinformación sobre la cual navegamos... caso contrario el panorama solo empeorará y muy bien sabemos cómo podría terminar eso.
