El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó ordenar que se realice un juicio contra 16 personas acusadas por el Ministerio Público de haber tomado decisiones que, según una denuncia presentada en 2012, condujeron a un "descalabro financiero" en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Así fue dispuesto por el juzgado en una resolución notificada este lunes a las partes involucradas y en la que se dictó un sobreseimiento definitivo a favor de los acusados. El caso se tramitó bajo el expediente 12-000046-615-PE y sobre él la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presentó días atrás un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que se ordenara al juzgado emitir la resolución de si el caso iba o no a juicio, acusando indebido retardo en la definición de ese aspecto procesal.

El caso se originó por una denuncia del economista Daniel Muñoz, quien acusó que en 2008 la Junta Directiva de la CCSS elaboró un proyecto de política salarial con datos falseados por los jerarcas de la institución, que terminó elevando la cesantía de 12 a 20 años en la institución; además de que se tomaron decisiones de inversión para fortalecer el IVM que en el 2010 fueron dejadas de lado para empezar a adquirir títulos valores para fortalecer el seguro de Salud, aunque en lugar de obtener réditos, se generaron pérdidas.

El caso había sido reactivado durante la jefatura de Emilia Navas Aparicio en la Fiscalía General de la República y aunque la denuncia fue presentada desde el 2012, fue hasta el 2017 que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) completó la acusación por el delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, la remitió a la Procuraduría General de la República para que se constituyera en querellante, y se presentó la solicitud al juzgado para que se llevara a cabo un juicio.

La audiencia preliminar del caso concluyó el 31 de enero de 2023 tras intentos infructuosos de llevarla a cabo en agosto del 2021 y, ahora, el juzgado emitió una resolución que tira al traste las intenciones del Ministerio Público de elevar el caso a un juicio oral y público.

Los denunciados por este caso eran:

  • Luis Guillermo López Vargas, director de la Dirección Actuarial de la CCSS
  • Iván Guardia Rodríguez, director Financiero Contable de la CCSS
  • Gustavo Picado Chacón, director de Recursos Humanos de la CCSS
  • Dinorah Garro Herrera, exgerente de Logística de la CCSS
  • Carlos Montoya Murillo, jefe de área de la Tesorería General de la CCSS
  • Sara González Castillo, directora de presupuesto de la CCSS
  • Álvaro Vega Rojas, director de inversiones IVM de la CCSS
  • Christian Hernández Chacón, jefe del área de Colocación de Valores de la CCSS
  • José Alberto Acuña Ulate, director financiero de la CCSS
  • José Luis Quesada Martínez, exgerente de Pensiones de la CCSS
  • Manuel Ugarte Brenes, exgerente Financiero de la CCSS
  • Eduardo Augusto Doryan Garrón, expresidente ejecutivo de la CCSS
  • Yorleni Madrigal Mora, funcionaria de la Dirección de Inversiones
  • Édgar Cabezas Solera, exdirectivo de la CCSS
  • Jorge Chavez Muñoz, exdirectivo de la CCSS, y
  • Eugenio Trejos Lobo, exdirectivo de la CCSS.

En declaraciones a CRHoy.com, el abogado José Miguel Villalobos, que representaba a cuatro de los funcionarios sujetos al proceso judicial, reseñó que de acuerdo con la jueza que emitió el fallo, la denuncia de Muñoz Corea no llevaba razón, y que las inversiones realizadas no produjeron pérdidas a la CCSS; además de que la Fiscalía no logró precisar la responsabilidad de cada uno de los acusados en los hechos denunciados.

Mientras tanto, en sus redes sociales el jurista anunció que sus representados esperan que el fallo adquiera firmeza para tomar acciones legales contra el denunciante.

La Fiscalía y la Procuraduría tienen tres días para apelar la resolución judicial que desestima el caso.