Como educadora y ahora como diputada, no puedo evitar sentir una profunda indignación por la manera en que el Gobierno ha manejado la situación de los salarios de los docentes. Es inaceptable que aquellos que dedicamos nuestra vida a enseñar, a guiar a las futuras generaciones, estemos enfrentando una realidad de incertidumbre económica. Hoy, más que nunca, me preocupa que el esfuerzo y compromiso de miles de docentes estén siendo ignorados, y que nuestros salarios sean utilizados como moneda de cambio en decisiones presupuestarias.

He sido maestra y directora en centros educativos indígenas y rurales, y desde mi experiencia sé que ser docente no es simplemente una profesión; es una vocación que requiere entrega total. Nosotros no solo enseñamos, formamos ciudadanos. Pero, ¿cómo podemos hacerlo con la tranquilidad que se requiere si ni siquiera tenemos la certeza de que se nos pagará lo que nos corresponde?

El presupuesto que nos ahoga

El presupuesto ordinario para 2025 nos ha puesto contra las cuerdas. Para el próximo año, el gobierno presupuestó 24.944 millones de colones menos en comparación con el presupuesto inicial de 2024, lo que indudablemente tendrá un impacto devastador en la vida de las personas docentes.

Lo más grave es que, a pesar de estos recortes, el Ministerio de Educación Pública ha reconocido que ni siquiera tiene los fondos suficientes para cubrir los salarios y aguinaldos de 2024. Se necesitan 60.000 millones de colones solo para pagar los aguinaldos de los docentes, y el sexto presupuesto extraordinario de 2024, que presentó el gobierno hace pocas semanas, apenas contempla 20.000 millones de colones para cubrir esa deuda.

Lo que está en juego

Hablar de salarios no es solo hablar de dinero. Para nosotros, los docentes, nuestros salarios representan mucho más que una transferencia a fin de mes. Es nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, y lo que nos permite continuar dedicándonos con pasión a lo que hacemos. Pero, cuando el Gobierno no cumple con sus obligaciones, nos coloca en una posición vulnerable. Nos obliga a trabajar bajo condiciones de incertidumbre, deteriorando nuestra salud mental y, por ende, afectando la calidad de la educación que podemos brindar.

"No hay acto más criminal que no pagarle el salario a quien ya entregó su esfuerzo en el trabajo". Esta fue mi declaración a la ministra de Educación en una reciente audiencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa, y la mantengo. Es criminal porque es un abuso hacia todos los que, día tras día, ponen alma y corazón en las aulas.

El déficit de casi 120.000 millones de colones para cubrir las obligaciones salariales de 89.000 funcionarios en 2024 no es una simple cifra. Y lo peor es que, en lugar de corregir este déficit, el presupuesto para 2025 sigue reduciendo la partida destinada a remuneraciones. Es una falta de respeto hacia todos los que dedicamos nuestra vida a la educación.

Exigimos justicia salarial

No podemos permitir que el Gobierno siga jugando con el futuro de los docentes. Merecemos estabilidad, merecemos un salario justo, y merecemos que se nos pague a tiempo. Es el derecho de miles de personas docentes.

Hago un llamado a mis colegas docentes: no nos quedemos callados. Tenemos que alzar la voz, exigir que se respeten nuestros derechos y que se nos pague lo que nos corresponde. Porque sin nosotros, sin nuestro compromiso, no hay educación. Y sin educación, no hay futuro para este país.

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