Auditoría remitió al Consejo Directivo del ICE una alerta preventiva a raíz de denuncias de sindicatos.

La Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) emitió un informe preventivo de advertencia sobre el nombramiento de la Gerente de Telecomunicaciones, cuestionando la falta de transparencia y el cumplimiento de los criterios de idoneidad aplicados en dicho proceso.

El pronunciamiento responde a una serie de denuncias y solicitudes presentadas por el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE (SIICE), quienes habían señalado irregularidades y posibles conflictos en la selección para uno de los puestos más estratégicos de la institución.

El informe, titulado "ADV 06-2024: Servicio preventivo de advertencia en función del principio de idoneidad comprobada y meritocracia en el nombramiento de la Gerente de Telecomunicaciones", del cual Delfino.cr tiene copia, destacó que la advertencia está respaldada en normativa interna y en el marco de la Ley General de Control Interno. Dicha ley otorga a las auditorías internas la facultad de emitir alertas preventivas cuando se identifican riesgos relevantes en la gestión institucional.

En el informe remitido al sindicato el 25 de octubre, la Auditoría subraya la importancia de "la idoneidad comprobada y la meritocracia en los procesos de selección y nombramiento, especialmente en cargos de alta jerarquía, donde las decisiones estratégicas tienen un impacto directo en la sostenibilidad y eficacia de la organización".

El documento detalla que el nombramiento de Leda Acevedo Zúñiga como gerente de Telecomunicaciones se produjo en una sesión del Consejo Directivo el pasado 24 de septiembre, en la que se optó por "un procedimiento no formalizado, utilizando un sistema de evaluación no igualitario y sin criterios de idoneidad definidos predeterminadamente en un perfil que permitan evidenciar el análisis técnico realizado sobre la capacidad técnica requerida".

Según el informe, la falta de un proceso de selección transparente y que evalúe rigurosamente las competencias del personal seleccionado expone al ICE a "riesgos de ineficiencia y posibles conflictos éticos", comprometiendo la gobernanza de la institución.

La Auditoría Interna argumentó que Acevedo Zúñiga no cumple con los requisitos académicos mínimos analizados ni con 15 de los requisitos técnicos recomendables para el puesto. La funcionaria designada, indica el informe, posee experiencia en actividades de comercialización empresarial, "no lográndose demostrar el cumplimiento del requisito de idoneidad en función de la serie de requisitos que demanda el puesto de Gerente de Telecomunicaciones en la actualidad".

La Auditoría remarcó la falta de idoneidad técnica al destacar que la posición demanda "imperativamente de un profesional incuestionablemente preparado para enfrentar los desafíos que presenta la realidad nacional e internacional en el sector de telecomunicaciones; esto incluye abordar con conocimiento demostrable los retos tecnológicos y emergentes, como la implementación de redes 5G y la renovación de la infraestructura de telecomunicaciones, que son esenciales para garantizar la competitividad y sostenibilidad del negocio".

El informe subraya que la persona elegida debería contar con un grado académico mínimo de licenciatura en especialidades tales como Administración de Negocios, Economía, Ingeniería en Sistemas, Telemática, Industrial, Telecomunicaciones, Electrónica o Electromecánica, además de "una reconocida capacidad técnica para llevar a cabo diversas actividades en las áreas de tecnologías de telecomunicaciones, economía, regulación, innovación, ciberseguridad, gestión de talento humano, sostenibilidad, comportamiento del mercado y gestión administrativa". En el caso de Acevedo, la Auditoría concluyó que estos criterios no se cumplen a cabalidad.

El informe, sustentado en análisis normativos, técnicos y financieros, advierte que los nombramientos sin una evaluación de competencias debidamente sustentada constituyen "una vulnerabilidad para la estructura institucional". Así mismo, enfatiza que una política de contratación basada en la probidad es crucial para "evitar prácticas de corrupción" y garantizar que las decisiones operativas se mantengan alineadas con los intereses públicos.

El servicio preventivo de advertencia emitido por la Auditoría Interna hizo un llamado a los responsables del proceso de selección para que adopten "medidas inmediatas para formalizar criterios de meritocracia y transparencia", contribuyendo de este modo a reforzar la confianza pública en los procedimientos internos del ICE.

Para la Auditoría, la implementación de estos principios no solo refuerza la eficiencia operativa y la imagen pública del ICE, sino que también impulsa una cultura organizacional basada en la integridad y en el respeto al interés común. Además, el informe indica que esta advertencia forma parte de una serie de acciones preventivas que se emitirán de manera estructurada y organizada en los próximos meses.

El servicio de advertencia también destaca los posibles riesgos administrativos y legales. La Auditoría identificó que, en caso de mantenerse la designación sin una revisión de sus términos, podría considerarse un "posible nombramiento ilegal o irregular por incumplimiento de principios constitucionales, de requisitos de ley o normativos; y aplicación de sanciones administrativas, civiles o penales", afectando tanto a los individuos involucrados como al cumplimiento de los objetivos institucionales del ICE.

La advertencia se hace eco de la preocupación de que una falta de idoneidad en el puesto comprometería la capacidad de la institución para cumplir sus objetivos estratégicos, establecidos para el periodo 2023-2027, y para cumplir con su misión de servicio a la sociedad. En este sentido, la Auditoría advirtió que la falta de idoneidad y competencia técnica en el nombramiento puede llevar a una incapacidad de implementar adecuadamente los objetivos estratégicos establecidos, lo que podría desviar al ICE de su misión y comprometer la efectividad de sus operaciones.

Aunque el servicio de advertencia no tiene carácter vinculante, la Auditoría advirtió que la no respuesta a un oficio de advertencia podría interpretarse como un rechazo tácito del servicio emitido. Agregó que el ordenamiento jurídico contempla la existencia de responsabilidad administrativa tanto por acción como por omisión, por lo que una inacción podría acarrear sanciones conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno. Este artículo establece responsabilidades administrativas para los funcionarios que, al omitir medidas correctivas, puedan comprometer el cumplimiento de sus deberes y debilitar el ambiente de control dentro de la institución.