La propuesta le da rango de desconcentración máxima a la Dirección de Cambio Climático. 

El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega Gutiérrez, presentó el proyecto de ley expediente 24588  para crear la Ley Marco de Cambio Climático.

El legislador indicó que aunque Costa Rica trata de cumplir los compromisos internacionales en materia de cambio climático con políticas públicas desde el Ministerio de Ambiente, todavía hoy el país carece de una ley marco que ordene esas acciones y las eleve al rango del ordenamiento jurídico.

Con esta ley marco se podrá contar con las herramientas necesarias desde un enfoque de vulnerabilidad, adaptatividad y daños y pérdidas para que el Estado retome y fortalezca las acciones climáticas para enfrentar los efectos devastadores que poco a poco vamos observando, producto de la crisis climática”.

Cambios institucionales

El artículo 5 de la propuesta crea la Comisión Interministerial para el Cambio Climático, adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Este órgano tendrá el objetivo de coordinar  las políticas climáticas del país de forma participativa, multinivel y multidisciplinaria.

Esta comisión estará compuesta por varios ministerios, entre ellos el Minae, de Relaciones Exteriores, Hacienda, Obras Públicas y Transportes, Agricultura y Ganadería, Ciencia y Tecnología, Educación, Economía, Trabajo y Seguridad Social, Comercio Exterior, y Planificación Nacional y Política Económica.

La propuesta también le da rango de desconcentración máxima a la Dirección de Cambio Climático (DCC), adscrita al Minae, y delimita sus acciones. Su objetivo principal es coordinar, gestionar, y monitorear los instrumentos de gestión climática en el país al promover políticas y medidas para la mitigación, adaptación y gestión de daños y pérdidas relacionados con el cambio climático.

La DCC estará a cargo de una persona Directora General y será la responsable de velar por el cumplimiento efectivo de las disposiciones de la ley. Además, contará con un Comité Técnico Consultivo y Asesor, con carácter vinculante.

Proyecto fue presentado por el diputado Antonio Ortega. Además cuenta con el respaldo de su fracción y de diputaciones de otros partidos.

La propuesta crea el Consejo Científico de Cambio Climático como un comité técnico consultivo que apoyará a la DCC en temas científicos que lo requieran. La DCC reglamentará su funcionamiento interno y las normas para la conformación del Consejo, con la respectiva suscripción del Micitt  y las universidades públicas.

La ley obligaría a que los órganos de la Administración del Estado consideren la variable de cambio climático en la elaboración y evaluación de sus políticas, planes, programas, instrumentos de planificación y normas, según las directrices establecidas por la DCC y los instrumentos de gestión del cambio climático.

En el caso de la municipalidades  planificarán y gestionarán la variable del cambio climático a nivel local de forma coordinada y mediante la participación en la elaboración de los planes regionales y locales de cambio climático, en concordancia con las directrices emitidas por la DCC y los instrumentos de planificación a nivel nacional vinculados con el cambio climático.

Las municipalidades en la determinación de sus planes, programas y ordenanzas deberán incluir la variable de cambio climático. Asimismo, deberán elaborar planes locales de acción climática. 

También da la potestad a que los gobiernos locales puedan crear mesas territoriales mancomunadas de acción por el clima a través de Comisiones Cantonales de Cambio Climático, debidamente oficializadas por los gobiernos locales para ejecutar proyectos climáticos y dar seguimiento a los planes de acción climática.

El proyecto incluye un eje de inclusividad e igualdad de género en la acción por el clima. En este se reconocerán los impactos  del cambio climático entre los géneros y tomará decisiones informadas que permitan reducir las brechas y desigualdades frente a la crisis climática .

Las instituciones deberán planificar y gestionar iniciativas climáticas diferenciadas de las mujeres en su diversidad, de las personas en situación de discapacidad, de los pueblos indígenas mediante consulta previa, afrodescendientes, personas en condición de pobreza, personas refugiadas o migrantes, menores de edad y adultas mayores, LGTBIQA+, y residentes en zonas rurales y costeras.

Las iniciativas climáticas institucionales serán medibles, verificables y reportables al Minae, el Ministerio de la Condición de la Mujer y el INAMU, los cuales ejercerán un modelo de gobernanza compartida.

Instrumentos de gestión

Entre los documentos que utilizaría la ley está el Plan Nacional de Adaptación, será el documento  por medio del cual se determina la planificación para lograr una adaptación efectiva frente a los efectos del cambio climático en el territorio nacional.

Todas las dependencias del sector público deberán implementar el plan  dentro de su ámbito legal respectivo, y en particular las instituciones de los sectores: Recurso Hídrico, Biodiversidad y Bosque, Agropecuario y Pesca, Salud, Educación, Infraestructura, Energía y Turismo.

Estos sectores deberán fortalecer las políticas, planes, estrategias y presupuestos de desarrollo nacionales y locales con acciones concretas en materia de adaptación climática con un enfoque de vulnerabilidad.

La propuesta también crea la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP). Un documento vinculante que definirá los lineamientos generales de largo plazo que seguirá el país, los cuales estarán basados en principios ecológicos, el desarrollo sostenible, la bioeconomía, el crecimiento verde, la inclusión y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

La ECLP contendrá lineamientos respecto del manejo contable de las absorciones, de las emisiones de GEI a nivel nacional y de los resultados de adaptación, mitigación y daños y pérdidas producto de la acción estatal y de la cooperación internacional.

Ortega aseguró que esta nueva legislación definirá mejor los objetivos y alcances, el marco institucional, instrumentos de gestión, mecanismos de financiamiento, recursos tecnológicos, participación ciudadana, régimen sancionatorio, entre otros.

Agregó que de convertirse en ley, la ciudadanía podría pedir respuestas frente a daños y pérdidas que trae el cambio climático, exigir sistemas de alerta temprana para prepararse para posibles desastres naturales y demandar responsabilidades por no tomar acciones para evitar un mayor perjuicio frente a los cambios que se sufrirán por el fenómeno.

El frenteamplista destacó que según el Índice de Riesgo Climático Global a Largo Plazo de Germanwatch, de 2000 a 2019 clasificó a Costa Rica entre los 100 países más vulnerables a los eventos de pérdida relacionados con el clima.

"El cambio climático representa una amenaza permanente para la supervivencia humana. Los impactos y amenazas son cada vez más evidentes y por esto necesitamos urgentemente fortalecer el marco institucional y jurídico para enfrentarlo”, señaló el diputado frenteamplista.

La iniciativa recibió las firmas de toda de la fracción del Frente Amplio y también de Kattia Cambronero Aguiluz del Partido Liberal Progresista, el oficialista Manuel Morales Díaz y del liberacionista Pedro Rojas Guzmán.