El 7 de agosto en el Semanario Universidad se informó sobre la introducción de un nuevo proyecto de ley en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el cual propone cerrar la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y transferir la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a las municipalidades. Este proyecto (expediente 24.466) tiene como objetivo que las municipalidades gestionen la EIA de proyectos de bajo y alto impacto.
El proyecto propone la creación de un Código de Ética para consultores y la formación de una nueva entidad llamada Autoridad de Evaluación y Control Ambiental Integral (AECAI) para gestionar los megaproyectos. Esta nueva entidad se enfocará en reducir la influencia política en las decisiones ambientales y mejorar la parte técnica. Sin embargo, muchos de los consultores que estamos inscritos en Setena, contamos con un Colegio Profesional que nos da los lineamientos éticos que deben ser considerados en todo momento por el profesional responsable, asimismo es mejor la aplicación de un código deontológico, pues es la figura correcta para crear lineamientos éticos para un grupo tan diverso de profesionales, que actualmente, se desempeñan en temas ambientales.
Se menciona también que la información pasará a ser publica, pero actualmente mucha de la información contenida en Setena es publica y puede ser consultada tanto de forma física como digital.
Hoy en día, el proceso de evaluación ambiental generalmente comienza con la presentación del proyecto, involucrando a un grupo interdisciplinario de profesionales como geógrafos, ingenieros civiles, biólogos, sociólogos, geólogos y etc. Una vez aprobado el EsIA, la Setena emite la Viabilidad Ambiental, un edicto en la Gaceta, se solicita el depósito de Garantía Ambiental y el nombramiento de un Regente Ambiental. Finalmente, el desarrollador debe de presentar los documentos técnicos y legales faltantes, o especificados por la Setena, antes de iniciar las labores, por lo que en todo momento se requiere de una institución que cuente con personal especializado tanto en lo administrativo como en la parte técnico-legal.
Descentralizar el proceso de Evaluación Ambiental podría generar problemas si no se consideran todas las posibles implicaciones y las limitaciones de cada municipalidad, ya que, muchos gobiernos locales tienen un manejo limitado de los reglamentos ambientales, mineros, hídricos y forestales. Además, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) deben ser cuidadosamente considerados, ya que muchos cantones están en proceso de actualización o creación de estos. Incluso, ya se están dando casos, como en Pérez Zeledón, donde las comunidades han mostrado resistencia a su implementación, por lo que se requiere analizar cuidadosamente el papel de los POT como principal herramienta en torno a la toma de decisiones en temas ambientales.
Finalmente, la Setena debe de mejorar, y un proyecto de ley como el 24.460 exige que se realicé un análisis exhaustivo e integral, considerando la posición de las diversas instituciones, comunidades y colegios profesionales, cuyos especialistas están continuamente dispuestos a colaborar en pro de Costa Rica.
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