A pesar de los avances en el país, las relaciones impropias siguen siendo una realidad oculta, que pone en riesgo el desarrollo físico, emocional y psicológico de los menores. 

El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (COLTRAS), emitió un llamado a la sociedad y a las autoridades, para abordar, de manera pronta e integral, la alarmante situación de relaciones de pareja o uniones de hecho, entre personas adultas y menores de edad. Se trata de un fenómeno que persiste en el país, a pesar de las regulaciones legales vigentes.

Desde el ente gremial recordaron que, aun cuando la legislación costarricense prohíbe el matrimonio antes de los 18 años, un 10% de las jóvenes entre 15 y 19 años ya están casadas o en unión de hecho. En el caso de los varones, el porcentaje de jóvenes que contrae matrimonio en ese mismo rango de edad, es de un 2%.

El Colegio aseguró que sus datos se desprenden de un reciente informe de la OCDE, en el que se alerta sobre “la importancia de abordar la fuerte y persistente influencia de las normas sociales y los comportamientos tradicionales”.

El colegio reconoció que Costa Rica presenta números más bajos que el promedio de América Latina y el Caribe, sin embargo, alertaron que las estadísticas reflejan una problemática que afecta gravemente el bienestar de los menores de edad, ya que muchas de estas relaciones se establecen con personas mayores de edad, donde existe una clara función de poder.

Desde 2017, la Ley 9406 prohíbe el matrimonio para menores de 18 años en Costa Rica y establece severas penas de cárcel para adultos que mantengan relaciones sexuales con menores, especialmente, cuando hay una diferencia de edad significativa. A pesar de los avances, las relaciones impropias siguen siendo una realidad oculta, lo que pone en riesgo el desarrollo físico, emocional y psicológico de las adolescentes.

La legislación costarricense también resalta la necesidad de proteger a las personas menores de edad de la explotación y abuso sexual, regulando las relaciones sexuales con diferencias de edad que generan dinámicas de poder dañinas. Sin embargo, estas leyes enfrentan grandes retos para su implementación efectiva, y se requiere un mayor esfuerzo por parte de las instituciones encargadas de velar por la protección de las niñas, niños y adolescentes.

Para el colegio los centros educativos y de salud, tienen un rol clave en la prevención de estas relaciones, mediante la implementación de programas educativos enfocados en la igualdad de género y la prevención de la violencia. Las familias, por su parte, juegan un papel esencial al estar alertas y crear un ambiente de confianza en el que las personas menores de edad puedan expresar sus preocupaciones y situaciones de riesgo.

La vocera del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, Marina Cruz, explicó:

Como Trabajadores Sociales, abogamos en todo momento por la creación de políticas sociales, la implementación de procesos de sensibilización, la investigación sobre la problemática y los riesgos, así como la atención de los casos o el acompañamiento en los procesos judiciales. Instamos a la población, en general, a no callar este tipo de relaciones y a no normalizar conductas que, a todas luces, afecta en gran medida el desarrollo integral y bienestar de las personas menores de edad”.

Factores socioeconómicos y el impacto del embarazo adolescente

Un informe de la OCDE, publicado en julio de 2023, destaca la relación directa entre el embarazo adolescente, la pobreza y la falta de oportunidades educativas. En el país, un 17% de las jóvenes entre 20 y 24 años se habían casado antes de cumplir la mayoría de edad. Esto sugiere una fuerte influencia de las normas sociales y las dinámicas de poder desiguales en las relaciones.

El embarazo adolescente ha impactado principalmente a jóvenes de zonas rurales y de grupos indígenas y afrodescendientes, con una prevalencia cinco veces mayor que en la población no indígena, lo que limita sus perspectivas laborales y aumenta la dependencia económica de sus parejas.

El Colegio Profesional recordó a la ciudadanía que cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de un caso de relaciones impropias, debe denunciarlo inmediatamente ante la Fiscalía. Una acción que también deben realizar las instituciones públicas o privadas.