La democracia se debilita cuando las instituciones pierden su razón de ser y se convierten en instrumentos de confrontación política. Eso es precisamente lo que estamos presenciando con el uso del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) por parte del Gobierno de Rodrigo Chaves.

El PANI existe para proteger a la niñez frente al abandono, la violencia, el abuso y la negligencia. Nunca debe ser utilizado como mecanismo de intimidación, revancha o persecución política contra quienes piensan distinto. Cuando una institución de protección se instrumentaliza con fines políticos, el daño no es solo institucional: es profundamente ético y democrático.

El caso reciente que involucra a don Álvaro Ramos es un ejemplo alarmante. No existe delito alguno ni una vulneración al interés superior de la niña. Ella estaba acompañada por su padre, en un entorno de resguardo, ejerciendo su derecho a expresarse. Convertir esto en un expediente institucional no solo es un despropósito jurídico, sino una señal peligrosa de cómo se pretende utilizar al Estado para silenciar o intimidar.

Además, este no es un hecho aislado. Ya hemos visto anteriormente cómo este Gobierno ha intentado involucrar al PANI en conflictos políticos ajenos a su función, incluso en casos ampliamente conocidos vinculados a la familia de un empresario propietario de un reconocido medio de comunicación digital, con una línea editorial crítica de este Gobierno. Ese antecedente confirma un patrón: usar la niñez como excusa para ajustar cuentas políticas.

Ese patrón se vuelve aún más evidente cuando se observa el silencio selectivo de la institución. En reiteradas ocasiones, figuras públicas y creadores de contenido abiertamente afines al Gobierno han utilizado a sus hijas e hijos en piezas de propaganda política y mensajes de confrontación, sin que el PANI haya abierto expedientes, emitido pronunciamientos ni mostrado la misma diligencia.

La pregunta es inevitable: ¿la protección de la niñez les resulta relativa dependiendo de a quién incomode políticamente el mensaje? Porque si el criterio fuera realmente el interés superior de la persona menor de edad, la actuación institucional debería ser coherente en todos los casos.

Todo esto ocurre mientras la niñez y adolescencia costarricense viven una emergencia real y documentada. Según datos oficiales del INEC (2025), un 22,4 % de la niñez vive en pobreza y un 11,6 % en pobreza extrema. El 6,3 % de las niñas y niños entre 5 y 11 años no asiste a la educación formal, y Costa Rica figura entre los países con mayores niveles de acoso escolar: un 44 % de estudiantes reportó haber sufrido bullying, de acuerdo con los resultados PISA 2024.

La violencia es aún más cruda. Solo en 2024 se presentaron más de 4.700 denuncias por abuso sexual contra personas menores de edad ante el Ministerio Público, y la Caja Costarricense de Seguro Social atendió más de 11.700 casos de posible abuso sexual en consulta externa. En 2023, el Hospital Nacional de Niños remitió 315 casos al PANI por indicios de abuso, maltrato o negligencia. A esto se suma una realidad devastadora: alrededor del 60 % de los homicidios está vinculado a menores de edad captados por el crimen organizado, según datos del OIJ.

No hace falta mayor explicación. Estas cifras revelan una niñez profundamente vulnerada que requiere más inversión social, políticas públicas estratégicas y una institución rectora verdaderamente enfocada en su deber primordial. ¿Cuántas niñas y niños que sufren a diario verdaderas situaciones de abuso y violencia deben esperar semanas, sino es que meses, para recibir el auxilio institucional? Mientras tanto, el PANI destina tiempo y recursos a abrir un expediente absurdo para perseguir políticamente a un candidato presidencial de oposición y a su familia, por un video donde una niña se expresa con absoluta claridad y voluntad.

Conviene recordarlo: la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 12 y 13, reconoce el derecho de las personas menores de edad a expresar libremente su opinión y a ser escuchadas. Defender ese derecho no es ideología; es derecho internacional vigente.

La instrumentalización del PANI para perseguir adversarios políticos no es nueva en este Gobierno. Lo más grave es que su jerarca no solo se presta para justificar en cadena nacional expresiones inaceptables del Presidente hacia una niña, sino que ahora desvía a toda una institución de su labor esencial para realizar maniobras político-electorales. Esto demuestra una conducta sostenida durante los últimos tres años y medio por parte de esta administración: descuidar a las niñas, niños y adolescentes más vulnerables para privilegiar sus intereses políticos.

Lo que el país necesita es ver al PANI exigiendo su exclusión de la regla fiscal para abrir más oficinas locales; fortaleciendo la Red de Cuido; pagando oportunamente los subsidios del programa de acogimiento familiar; implementando plenamente el protocolo interinstitucional de protección creado por la Ley 10.476; o, al menos, marcando límites claros frente a expresiones que cosifican y violentan a las niñas.

La desatención de una población tan vulnerable, solo porque no vota, es la actuación más cruel que puede tener una administración más preocupada por la campaña electoral que por gobernar el país. Defender la niñez no es un recurso discursivo ni una herramienta de poder. Es una obligación ética y jurídica del Estado.

Costa Rica merece instituciones que protejan, no que persigan. Y una democracia que no cruce nunca esta línea.

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