Auditoría encontró al menos 592 recomendaciones de multas por presuntos incumplimientos del concesionario no resueltos.

La Contraloría General de la República realizó una auditoria sobre los controles ejercidos por la administración concedente en el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público “Proyecto Carretera San José-Caldera", encontrando fallos en los controles que se ejercen sobre la concesión de la Ruta 27.

Sobre la importancia de este tema, desde la Contraloría señalaron:

Actualmente la concesión se encuentra en su fase de explotación, lo cual obliga a la Administración Concedente a ejercer un riguroso control sobre todas las actuaciones desempeñadas dentro del marco del Contrato de Concesión, de manera que se garantice un servicio público efectivo y eficiente acorde con las necesidades de los usuarios, en procura del buen uso de los fondos públicos y acorde con la calidad que amerita un proyecto concesionado".

Entre los principales hallazgos, el informe destaca que el control ejercido por la Administración “no cumple, en sus aspectos significativos, con los criterios normativos, técnicos y contractuales aplicables”.

Según identificó la auditoría, las debilidades encontradas que no permiten a la Administración “garantizar el cumplimiento efectivo de sus obligaciones de seguimiento, control, supervisión y toma de decisiones asignadas legal y contractualmente, funciones que no representan un simple formalismo, sino que son la base para garantizar el cumplimiento de los términos contractuales y la adecuada operación de la carretera”.

Entre las deficiencias encontradas, se encontraron al menos 592 recomendaciones de multas por presuntos incumplimientos del Concesionario no resueltos, correspondientes al período de 2018 a 2023 lo cual la Contraloría considera “pone en riesgo la aplicación efectiva de la potestad sancionatoria encomendada contractual y legalmente a la Administración”.

Además, en relación con el control de ingresos por concepto de peaje, la auditoria identificó que la Administración no ha realizado ningún análisis costo-beneficio para determinar la conveniencia de implementar mejoras tecnológicas en la metodología de verificación de ingresos de peaje utilizada hasta el momento.

La Contraloría identificó que no se cuenta con la Inspección Técnica de Explotación de Obra, que es exigida en el Contrato de Concesión, y lo cual implica "una clara dependencia en los servicios de supervisión contratados externamente, sin mediar una contraparte técnica propia de la Administración".

Cómo resultado de la auditoria, la Contraloría ordenó a Consejo Nacional de Concesiones (CNC), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI):

  • Que se debe conformar y poner en funcionamiento la Inspección Técnica de Explotación Obra.
  • La confección de una herramienta de control para garantizar que se cuente con los documentos técnicos requeridos contractualmente para el control de la operación y mantenimiento de las obras concesionadas.
  • Que se formalice una estrategia con plazos y responsables para resolver el nivel de congestionamiento que presenta la vía.
  • Resolver eficientemente las recomendaciones de multa por presuntos incumplimientos del Concesionario que no han sido resueltos desde 2018.
  • Disponer de un análisis costo-beneficio que determine la conveniencia de actualizar o modificar la metodología de verificación de los ingresos de peaje de la concesión.
  • Elaborar un procedimiento para garantizar el acceso, actualización y respaldo de la totalidad de la información generada a partir de la ejecución de la concesión.