Chaves aprovechó para volver a criticar a la Contraloría, al afirmar que esta no detuvo los convenios a los que acusa de irregulares.

La presidencia ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) afirmó haber presentado una denuncia penal en contra de 20 exjerarcas de la institución a los que acusa de haber cometido supuestas irregularidades en el trámite de tres convenios que permitieron el desembolso de $2,1 millones a la empresa Ad Astra Rocket, del astronauta costarricense Franklin Chang Díaz.

Así lo confirmó la presidenta ejecutiva de la institución, Karla Montero Víquez, en la conferencia de prensa semanal del Poder Ejecutivo esta tarde:

El día de hoy Recope interpuso una denuncia penal para que se investigue el presunto delito de incumplimiento de deberes con relación a 20 exjerarcas que participaron en la suscripción de una serie de convenios durante los años 2011 y 2014 que implicaron  pagos por 2.1 millón de dólares. Lo irregular es que se dieron en un marco en donde Recope no tenía la facultad legal para hacerlo".

Según agregó el presidente Rodrigo Chaves Robles durante el encuentro, la denuncia del Ejecutivo actual se debe a que este convenio habría funcionado como un "subsidio" en el que la institución habría girado recursos para que una empresa privada desarrollara tecnología, sin recibir beneficio a cambio:

Estos son transferencias que le dio Recope a una empresa privada, que se llama Ad Astra, para que la empresa privada hiciera estudios y desarrollara una tecnología. Si esa empresa Ad Astra hubiera descubierto un proceso o algo de enorme valor económico, ¿quién se hubiera dejado todas las ganancias? Ad Astra, porque Recope no tiene facultad para el negocio del hidrógeno".

Chaves también aprovechó para volver a criticar a la Contraloría General de la República (CGR), al afirmar que la institución no hizo nada para detener a los convenios que acusa de irregulares.

Además de la denuncia presentada, Recope también anunció la destitución de la gerenta general de la Refinadora, Ana Lucía Alfaro Murillo, quien llevaba en el cargo solo dos meses, pero que ahora es acusada de haber participado en las negociaciones iniciales de este convenio, al haber sido parte de la Junta Directiva de la institución durante los años 2010 y 2013.

El acuerdo entre Recope y Ad Astra Rocket empezó en octubre de 2011, cuando la institución accedió a girar $300.000 para un estudio de factibilidad de un sistema de almacenamiento de hidrógeno.

El objetivo del proyecto era implementar no solo la construcción de un sistema experimental para la producción, la compresión y el almacenamiento de hidrógeno, sino también su implementación en un vehículo; por ello, en julio del 2012, se realizó una nueva alianza que permitió que se aportaran $1,4 millones más para el diseño del sistema.

Finalmente, en febrero de 2014 se firmó un tercer convenio que permitió entregar $400.000 a la empresa con este objetivo.

El convenio finalizó en marzo del año 2015.