Investigación por homicidio de exjuez en Tres Ríos develó favorecimientos indebidos de funcionarios judiciales.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó la detención de cinco funcionarios judiciales, entre ellos tres fiscales y dos jueces.
Según informó el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los detenidos han sido identificados con los apellidos Kikut de 31 años, Darcia de 30 años, Ulloa de 32 años, Sánchez de 44 años y Padilla de 43 años.
La investigación, llevada a cabo en colaboración con la policía judicial, busca recopilar pruebas documentales y electrónicas para el caso 24-000085-1218-PE. Como parte de la operación, se realizaron allanamientos en ocho ubicaciones, incluidas el Juzgado Penal y la Fiscalía de La Unión, la Fiscalía de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José, la residencia de Sánchez y la de sus padres, el Juzgado de Tránsito del Tercer Circuito Judicial de San José, una oficina judicial de Tecnología de Información y la vivienda de Ulloa, hermana de un exjuez penal asesinado en Tres Ríos el 27 de febrero de 2024.
Los delitos investigados incluyen tráfico de influencias, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, divulgación de secretos y cohecho propio. Los detenidos serán sometidos a una declaración indagatoria, tras lo cual se evaluará la solicitud de medidas cautelares para asegurar su vinculación al proceso penal.
La fiscala general en ejercicio, Karen Valverde, participó en los allanamientos y expresó su pesar por estas presuntas actividades ilícitas. No obstante, destacó la capacidad del sistema de justicia para detectar y procesar casos de posible corrupción, independientemente de los involucrados.
El subdirector del OIJ, Michael Soto, explicó en declaraciones a la prensa que la investigación tiene sus raíces en el homicidio de Luis Diego Ulloa Rodríguez, un exjuez y abogado defensor asesinado en febrero de este año. La indagación sobre este crimen reveló presuntos beneficios otorgados a Rodríguez debido a su relación con los ahora detenidos.
"Estas detenciones no tienen que ver con el homicidio, el homicidio es una investigación por aparte, sino que a raíz de esa investigación logramos establecer que este señor, ya fallecido, que defendía algunas estructuras criminales aquí de la zona, importantes, trascendentes, conocidas, obtenía algún tipo de beneficios y por lo cual presuntamente todos estos empleados cometieron delitos, y ahí es bajo esa investigación de homicidios que logramos establecer la participación y la facilitación de los empleados judiciales para beneficiar a este abogado particular en sus procesos y que indudablemente iba en detrimento de la justicia", afirmó Soto.
Soto subrayó que la investigación continuará y destacó la importancia de la cooperación entre diversas ramas del sistema judicial:
El mensaje que le queremos dar a la ciudadanía costarricense es que el Ministerio Público y el OIJ está siendo intolerante con esto, no importa de quién se trate, vamos a seguir investigando, hay otras investigaciones en proceso, pero creo que el mensaje es ese. Es triste, es lamentable, pero también el mensaje debe ser positivo en el sentido de que el Poder Judicial de Costa Rica, todos nosotros, estamos generando acciones para evitar de que esto siga creciendo y siga ocurriendo".
