BCIE calificó acciones de Bulgarelli como “prácticas prohibidas de fraude y colusión”.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) informó esta noche la decisión de incluir a Christian José Bulgarelli Rojas y su compañía RMC La Productora S.A. en su Lista de Contrapartes Prohibidas por un período de siete años, contados a partir del 27 de mayo del 2024.
La inclusión en la Lista de Contrapartes Prohibidas implica que tanto Bulgarelli como la compañía RMC La Productora S.A. no podrán ser adjudicatarios o ser sujetos de ampliación de contratos, ni podrán entablar nuevas relaciones contractuales, de negocios, laborales o similares con el BCIE; incluyendo operaciones que se ejecuten con recursos del BCIE o fondos administrados por este.
Bulgarelli ganó una licitación organizada por el BCIE (Proceso de Licitación Pública 032/2022 “Consultoría Estratégica en Comunicación” para el gobierno de Costa Rica) para prestar servicios de asesoría en comunicación al gobierno de Rodrigo Chaves Robles por un monto de 400.000 dólares, sin embargo, posteriormente se reveló que el propio productor participó en la redacción de los términos de referencia de la licitación, lo cual desde el BCIE calificaron de “prácticas prohibidas de fraude y colusión”, el comunicado del BCIE detalla que:
El proveedor aceptó públicamente haber elaborado los términos de referencia del proceso en coordinación y acuerdo con ex funcionaria del Ministerio de Comunicación de la República de Costa Rica”.
La funcionaria a la que hace mención el banco es la exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, quién confirmó en una entrevista a La Nación que Bulgarelli había participado en la redacción de los términos de referencia que el Poder Ejecutivo envió al BCIE para la contratación de servicios en la que el propio Bulgarelli terminó siendo adjudicado.
En su participación en la Comisión Especial Investigadora de las Contrataciones del Sintar, el pasado 15 de enero, Bulgarelli señaló que él trabajó sobre los “términos de referencia”, pero aseguró que no tenía conocimiento que se iba tratar de una licitación, y al ser consultado por la diputada Andrea Álvarez Marín, de por qué continúo con el proceso al darse cuenta que se trataba de una licitación, respondió:
Cuando los jerarcas y ejecutivos más altos del país le confirman a uno que ese es el procedimiento correcto ante el banco uno tiene cierto grado de confianza, yo sinceramente confié en doña Patricia, que es uno de los errores que reconozco en mi introducción y yo seguí adelante con el proceso, no sabía qué tipo de proceso era el que seguía el banco, nunca había sido proveedor del banco”.
Desde el BCIE añadieron que remitirán la información y documentación recabada en el proceso interno al Ministerio Público, y aseguraron que se reservarán "el derecho de iniciar las acciones que corresponda a efecto de requerir al proveedor la restitución de los fondos utilizados, así como la restitución de los gastos o costos vinculados con las investigaciones realizadas".