Masís Castro es señalado por los delitos de incumplimiento de deberes y legislación en provecho propio, cuando fue diputado.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) acusó y solicitó apertura a juicio en contra del exdiputado de la república del período 2018-2022 y actual representante del país en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Erwen Masís Castro.
En un comunicado a la prensa el Ministerio Público detalló que delitos que se le atribuyen son incumplimiento de deberes y legislación o administración en provecho propio, este último incluido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Los hechos acusados ocurrieron el 17 de setiembre del 2020, en sesión extraordinaria del Plenario Legislativo, cuando el excongresista participó con su voto positivo en una moción de apelación que pretendía eliminar una sanción administrativa impuesta por la Presidencia del Congreso contra Masís y otros congresistas, por haber roto el quórum de la sesión de plenario del día previo en la que la Asamblea se encontraba analizando la posible destitución de la entonces defensora de los habitantes, Catalina Crespo.
Esa sanción implicaba el no pago de la dieta de esa sesión, al haberse corroborado que Masís ingresó con posterioridad a la orden de cierre de puertas y ya se había decretado la ausencia de quórum para sesionar.
Según la Fapta, contrario a su deber de inhibirse de participar en esa votación por tener un interés económico directo en la misma, el exdiputado votó a favor de eliminar la sanción. Por esto, no se le aplicó y se le pagó la dieta de ese día.
La acusación de la fiscalía llega luego de que, el 30 de noviembre de 2022, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) denunció penalmente a Masís Castro por presunto incumplimiento de deberes. En la denuncia se detalla que el actual representante del país ante el BCEI, junto a otros diputados que también habían estado ausentes, votó para revertir la pérdida de dieta correspondiente.
El caso se tramita en el expediente 22-000370-1218-PE, que fue comunicado a la Procuraduría General de la República (PGR). Ese órgano se pronunciará respecto a la posibilidad de interponer una querella (acusación particular) y una acción civil resarcitoria, para el eventual reclamo económico por daños y perjuicios en favor del Estado.
El Ministerio Público indicó que hasta completarse el trámite con la PGR, el expediente se enviará al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, con solicitud de apertura a juicio.
