Entidad señala que fuertes controles y equilibrios diferencian a Costa Rica de sus pares en Latinoamérica.

BofA Securities, una división del Bank of America, alertó este lunes sobre el debilitamiento a la Contraloría General de la República (CGR) que generaría el proyecto de ley que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles pretende llevar a referéndum.

En el informe "LatAm de un vistazo. Informe de mitad de año" la empresa de servicios financieros, misma que usó el término "jaguar" para referirse a la economía de Costa Rica en febrero de este año y que llevó a la administración Chaves a adoptar ese animal como lema de Gobierno, consignó que el "referéndum podría debilitar los controles y equilibrios en la contratación pública".

"El presidente Chaves presentó al Congreso un proyecto de ley de referéndum que podría debilitar la agencia de la Contraloría General y afectar los controles y equilibrios en el sistema político", señala el informe firmado por Alexander Müller y Pedro Díaz.

Una de las preguntas del referéndum sería si los ciudadanos están de acuerdo o no con despojar a la Contraloría General de la facultad de revisar la legalidad de los contratos de contratación pública antes de que se ejecuten. Así, la Contraloría solo estaría facultada para inspeccionar los gastos después de que ocurrieran. Actualmente, la Contraloría puede suspender contratos y acciones cuando detecta actividades sospechosas. Pero si el referéndum se aprueba, necesitará una orden judicial".

De acuerdo con el documento, el gobierno de Chaves está proponiendo "un intercambio entre agilidad y controles y equilibrios", sin embargo, el criterio de los analistas de esa entidad internacional es que "la economía costarricense se beneficia de fuertes controles y equilibrios".

Eso también es uno de los atributos que hace a Costa Rica claramente diferente de sus pares en América Latina y la coloca en un nivel superior en materia de ESG [Environmental, Social, and Governance, (Medioambiental, Social y Gobernanza), criterios utilizados para medir la sostenibilidad y el impacto ético de una inversión en una empresa o negocio.

La administración Chaves Robles ha calificado como "mentiras" los señalamientos de que el proyecto de "Ley Jaguar" despojaría a la Contraloría General de la República de su capacidad de realizar controles previos sobre las actuaciones gubernamentales, a pesar de la literalidad del texto presentado y de las alertas dadas por la jerarca del ente auxiliar del congreso, Marta Acosta Zúñiga.

La contralora general ha dicho que del análisis hecho al proyecto de Ley Jaguar, lograron determinar que este tiene el objetivo de desmantelar el actual sistema de control de los fondos públicos, lo que podría debilitar significativamente la supervisión financiera en el país; y que pretende eliminar competencias esenciales que la Constitución otorga a la Contraloría General, así como a las auditorías internas y a la misma Asamblea Legislativa.

Acosta agregó que la propuesta afecta más allá de la contratación de obra pública, ya que la Asamblea Legislativa también perdería herramientas cruciales de control político proporcionadas actualmente por la institución; y que uno de los puntos críticos era la posible eliminación de la capacidad de la Contraloría para fiscalizar la legalidad y eficiencia del uso de los fondos públicos, incluida la supresión de instrumentos vinculantes, lo cual impediría tomar acciones preventivas o correctivas ante posibles irregularidades detectadas.

Además, subrayó que el proyecto podría eliminar los controles preventivos, como la aprobación presupuestaria y el refrendo de contratos públicos, establecidos por la Constitución, al tiempo que el Ejecutivo pretende contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin concurso público, limitando la transparencia y la participación de oferentes.