En enero anterior, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por Fundación MarViva en contra del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). Según la sentencia N.º 1831-2024, el Incopesca violentó el derecho constitucional de acceso a la información, por haberse negado a facilitar una base de datos de la investigación sobre pesca semiindustrial de camarón con redes de arrastre, hoy suspendida por el Tribunal Contencioso Administrativo.

Durante el mes de abril ha trascendido que Costa Rica ocupa el último lugar de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto al establecimiento de medidas que aseguren el acceso a datos públicos a la población. El informe “Perspectivas de la OCDE sobre integridad y anticorrupción 2024” otorgó a Costa Rica una calificación de 31%, siendo la nota más baja de todo el informe e, inclusive, muy inferior con relación a los países latinoamericanos evaluados.

Asegurar el acceso oportuno e inclusivo a la información pública es un indicador básico de una democracia sana. La apertura a la fiscalización pública, la rendición de cuentas y la difusión proactiva de la evidencia utilizada para sustentar decisiones de interés público, son características de un gobierno transparente y participativo. Acceder a información, también, es un requisito esencial para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho a un ambiente sano.

La relación entre el ejercicio de principios democráticos y una buena gobernanza marina es evidente: el acceso oportuno a la información contribuye a la prevención de conflictos socioambientales, evitándose, también, lesiones a otros derechos. El caso histórico de la pesca de arrastre en Costa Rica es el ejemplo fiel de cómo llevamos más de 10 años fallando en reconocer esta relación. La necesidad de haber tramitado este recurso de amparo, también es un reflejo de esta debilidad estructural de la institucionalidad pesquera.

¿Por qué el Incopesca se negó a facilitar datos públicos?

Fueron varios los argumentos presentados. Uno de ellos consistió en afirmar que la información solicitada se encontraba “en bruto”; es decir, eran datos preliminares del proyecto de investigación que seguían en proceso de consolidación, análisis e interpretación.

Lo cierto, y así fue acreditado por la Sala, es que la información requerida no era, bajo ninguna circunstancia, información preliminar. Se trataba, más bien, de una base de datos sistematizada desde julio de 2023 y que ya había sido utilizada para la elaboración de un informe de avance de la investigación que se presentó a la Junta Directiva del Incopesca en agosto de 2023.

El informe, que sí consta en el expediente administrativo, incluye un análisis de datos que sugiere que los resultados de los primeros tres meses de la investigación evidenciaron una reducción de la fauna de acompañamiento. Pero en el expediente no constaba ni la base de datos utilizada, ni el marco metodológico del análisis. Las contradicciones del Incopesca, en este punto particular, son sumamente graves: se faltó a la verdad o a la Junta Directiva, o a la Sala Constitucional.

Otro argumento del Incopesca para denegar el acceso a esta información, fue la afirmación de que los derechos y el resultado del proceso son propiedad intelectual del Incopesca. La Sala, nuevamente, le llamó la atención al instituto, y le advirtió que la información solicitada es de evidente interés público y producto de un proyecto financiado con fondos públicos.

Costa Rica merece una gobernanza marina transparente

Fracasamos cuando las decisiones sobre nuestros mares ya fueron tomadas, sin que hubiese acceso a datos ni a espacios para cuestionar y retroalimentar. El fracaso es aún más grave, como lo demuestra este caso, cuando se constata que Incopesca generó un informe de avances con resultados supuestamente exitosos para su Junta Directiva, con base en “datos brutos” que seguían sin ser analizados ni interpretados, como le fue indicado a la Sala varios meses después.

El propio ministro de Ambiente ha hecho eco del “éxito” del estudio, basado en estos “datos  brutos” que, además, reflejaban capturas realizadas dentro de áreas marinas protegidas, como fue acreditado posteriormente. Esto, en un ejemplo de desinformación.

La resistencia a la transparencia se refleja, también, en la ausencia de actas literales, audios y videos de las sesiones de la Junta Directiva del Incopesca, debilidad señalada, también, por la OCDE en su informe.

Todo parece indicar que, para corroborar, analizar y cuestionar el sustento científico de las decisiones de la autoridad pesquera, las peticiones de información y los recursos de amparo seguirán siendo aliadas de la ciudadanía. Pero, ciertamente, Costa Rica merece que la institucionalidad supere esta visión obsoleta y polarizante, y evolucione hacia un compromiso real por la transparencia y la gestión participativa, seria y efectiva de nuestros mares.

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