El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate, este martes, el proyecto de ley para prorrogar otra vez la suspensión de los desalojos de las personas que vivan en las zonas clasificadas como especiales, es decir, la milla fronteriza, la Zona Marítimo Terrestre y zonas declaradas patrimonio natural del Estado.
La iniciativa tramitada bajo el expediente 24.141 y denominada "Reforma del artículo 1 de la Ley N° 9577 Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, del 27 de junio del 2018 y sus reformas" recibió 37 votos a favor y el negativo del jefe de fracción saliente de la Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco Castro, quien no suministró las razones de su voto, en especial tomando en cuenta que en el primer debate se expresó a favor.
La iniciativa consta de un único artículo que prorroga por 36 meses (tres años) la moratoria dispuesta por la Ley 9577 (Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales) tanto para desalojo de personas como para demolición de obras, suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y proyectos existentes en la zona marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme en las cuales se declare la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o amenaza del daño del medio ambiente.
Esta ley es igual a otras dos anuladas previamente por la Sala Constitucional debido a que dicho tribunal ha sostenido que las moratorias de ese tipo son inconstitucionales porque ponen en riesgo los bienes y recursos inalienables, imprescriptibles e inembargables del Estado, contraviniendo con ello las normas legales, constitucionales y supranacionales en la materia.
Pese a ello, y aunque la promesa del Congreso siempre ha sido prorrogar una vez más para tramitar un proyecto que resuelva el problema de fondo de forma definitiva, ello no ha ocurrido desde que estas moratorias empezaron a declararse desde hace más de diez años.
Terminaron las ordinarias, y el segundo año
El segundo periodo de sesiones ordinarias concluyó este martes junto con el segundo año legislativo del actual congreso, dejando como resultado 41 proyectos de ley aprobados en segundo debate en los últimos tres meses, y llevando la cifra del año legislativo a 118, cifra superior respecto a la registrada en la primera legislatura.
Dentro de las iniciativas aprobadas durante el periodo de sesiones ordinarias que recién terminó se encuentra la Ley contra el acoso predatorio (expediente 23.325), la ley para sancionar el delito de préstamo de dinero gota a gota (expediente 23.575), la ley para fortalecer los juzgados de flagrancia (expediente 23.806), la ley para garantizar la efectiva presupuestación de lo recaudado por concepto de impuesto a las personas jurídicas (expediente 23.973), el crédito para intervenir infraestructura en riesgo inminente (expediente 23.635), y la ley para revocar o modificar el beneficio de libertad condicional (expediente 23.519).
Durante este segundo año mediante el proyecto Asamblea, en Delfino.cr registramos 582 nuevos expedientes distribuidos en 481 proyectos de ley, 15 reformas constitucionales, 55 acuerdos legislativos, 10 nombramientos o ratificaciones de nombramiento por la Asamblea Legislativa y 21 expedientes de investigación de comisión.
Asimismo, documentamos la asistencia de los 57 congresistas a 233 sesiones de plenario y 2145 votaciones realizadas allí, así como 24 procesos de elección a cargo de la Asamblea, incluidas las históricas elecciones con voto público para elegir el directorio legislativo en mayo del año pasado.
Breves
— Con 43 votos a favor y 0 en contra se aprobó en segundo debate el expediente 23.088 "Reforma al articulo 106 Quáter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios".
Este proyecto realiza las enmiendas legislativas necesarias para que Costa Rica salga de la lista gris de la Unión Europea tras haber fallado la evaluación del año 2020 del Foro Global de la OCDE relativa a la implementación del marco legal interno para cumplir los estándares internacionales de intercambio de información tributaria, y la evaluación del 2021 sobre la efectividad de la aplicación del estándar internacional en la práctica. En dichas evaluaciones se determinó que Costa Rica no cumplía los estándares internacionales actuales porque los procedimientos de debida diligencia y de reporte son inefectivos; y porque no existe un marco administrativo adecuado que supervise el seguimiento a los procedimientos de debida diligencia de las entidades financieras y sancione los incumplimientos.
— Con 0 votos a favor y 41 en contra se rechazó otorgar un nuevo plazo cuatrienal al expediente expediente 21.954 "Ley de contingencia ambiental para reducir el consumo excesivo de agua potable en el sector domiciliar".
— Con 5 a favor y 34 en contra se rechazó otorgar un nuevo plazo cuatrienal al expediente 21.953 "Reforma del artículo 96 de la Constitución Política de la República de Costa Rica sobre el financiamiento de los partidos políticos", cuyo propósito era reducir el porcentaje del PIB destinado a financiar los procesos electorales.
— El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles pedirá llamar a un referendo durante su discurso del 2 de mayo ante la Asamblea Legislativa, donde deberá rendir un informe sobre el informe de labores de su administración y el estado político de la República.
— El Partido Liberal Progresista anunció esta tarde su decisión de sumar sus votos este primero de mayo a un Directorio Legislativo de oposición, en el cual no haya participación de la fracción del Partido Progreso Social Democrático.
— El Gobierno de la República presentó un proyecto de ley para reformar la Ley sobre División Territorial Administrativa, N° 4366. Se trata del expediente 24.298, que pretende actualizar los criterios para la creación de nuevos cantones.
