Amplia por 36 meses adicionales el plazo de 36 meses que extendió la Ley 10.000 "Protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales" para que por ese tiempo se suspendan las acciones administrativas de desalojo de personas, demolición de obras, suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y proyectos existentes en la Zona Marítimo Terrestre, Zona Fronteriza y Patrimonio Natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante resolucción judicial o administrativa en firme, fundadas en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o amenaza de daño del medio ambiente.