La diputada Andrea Álvarez Marín presentó un proyecto de ley que pretende dar seguridad jurídica a la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que se encarga de resolver denuncias por beligerancia política y otros casos que pueden resultar en sanciones a funcionarios de elección popular.
La iniciativa tramitada bajo el expediente 24.205 tiene como propósito poner punto final a los cuestionamientos sobre la legitimidad de la Sección Especializada del TSE de conocer procesos investigativos en contra de funcionarios electos por la ciudadanía ya que a hoy, y por segunda vez, los casos pendientes de resolver están suspendidos porque existen en curso acciones de inconstitucionalidad donde se cuestiona la legalidad de dicha sección.
Según consignó la diputada Álvarez Marín en la exposición de motivos, actualmente hay unos 182 casos de cancelación de credenciales de funcionarios municipales de elección popular y denuncias por beligerancia política que no se pueden resolver dado que la Sala IV se encuentra estudiando un reclamo formulado bajo el expediente 23-015760-0007-CO contra el “Reglamento de la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones”.
Precisamente sobre ese caso en la Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República, fungiendo como asesor imparcial del alto tribunal, señaló que el hecho de que la Sección Especializada del TSE esté integrada por magistrados suplentes violenta el artículo 100 de la Constitución Política, pues le confirió deberes no previstos por esa norma a los magistrados suplentes.
La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica está formada por tres magistrados suplentes que se renuevan cada seis meses. Esta sección se encarga de resolver en primera instancia asuntos contencioso-electorales de carácter sancionatorio, como la beligerancia política y la cancelación de credenciales municipales.
La Procuraduría recomendó a la Sala de que, en la eventualidad de que acoja por el fondo la acción y declare la inconstitucionalidad de la Sección Especializada del TSE, recomendaba dimensionar los efectos de la sentencia, de forma que los asuntos contencioso-electorales ya resueltos por dicho órgano y que ya adquirieron firmeza no se vean afectados, evitando así graves dislocaciones a la seguridad jurídica y la paz social.
El proyecto formulado por la diputada Álvarez dispone reformar el artículo 219 del Código Electoral para establecer con rango legal (y no a nivel reglamentario como actualmente está dispuesto) que la Sección Especializada del TSE estará integrada por tres magistrados suplentes, según el rol de trabajo que se establezca vía reglamento del Tribunal; y que para la resolución de los asuntos la Sección Especializada sesionará cada vez que sea convocada por su Presidencia, para lo cual se tomará en cuenta el volumen de causas en trámite y la cantidad de expedientes en fase de resolución.
Asimismo se reformaría el artículo 220 del mismo código para establecer que la Sección Especializada conocerá, en primera instancia, de las denuncias por parcialidad o beligerancia política y de la cancelación de credenciales de funcionarios de elección popular, salvo cuando la cancelación se produzca por defunción o renuncia. Tampoco conocerá de aquellos expedientes en que la causal invocada sea la ausencia injustificada o el cambio de domicilio, si el funcionario involucrado no se opone a la cancelación.
Por otro lado se agregaría un nuevo artículo a esa ley para disponer que en caso de que el proceso de cancelación de credenciales haya sido resuelto por la Sección Especializada según sus competencias, cabrá recurso de reconsideración dentro de los ocho días posteriores a la notificación de la resolución que se pretenda combatir.
El proyecto está pendiente de ser asignado a una comisión legislativa para su estudio.
Breves
— El plenario sesionó extraordinariamente este jueves en San Carlos, sin embargo, lo relevante de lo que ocurrió allí dista de ser los discursos de siempre sino el acto de la diputada Vanessa de Paul Castro, quien tras enterarse de que fue "vetada" por el oficialismo como candidata a la presidencia del Congreso, decidió quedarse sentada en su butaca cuando el resto de su fracción subió al podio para participar del debate reglado. Según reveló La Nación, Castro afirmó haber sido vetada no solo de la presidencia del Congreso, sino también a nivel económico y profesional. Por su parte la diputada Pilar Cisneros rechazó las acusaciones señalando que no están obligados a apoyar a Castro ni a ninguna otra candidatura, y que en todo caso lo que ocurre es que ellos no sienten cercanía con ella como para darle su apoyo a su candidatura.
Por otro lado, la diputada Kattia Cambronero Aguiluz en su discurso señaló que "a pesar de los avances en la igualdad y paridad que hemos ido logrando en la participación política, estamos enfrentando las mayor los mayores niveles de violencia política hacia las mujeres promovidos, dirigidos y reforzados por quien preside el Poder Ejecutivo", lo que le generó una ola de aplausos en el recinto del TEC donde se llevó a cabo la sesión. El presidente de la República respondió, como es de costumbre, mediante likes en su cuenta oficial de X (anteriormente conocida como Twitter) donde algunas cuentas se refirieron a la legisladora y otras diputadas como "ridículas payasas", "vieja mentirosa", entre otros.









