Hay debates que ganan claridad con el tiempo. En marzo, el profesor Cambronero y mi persona discutimos en este medio si los Concejos Municipales deben tener la potestad de sancionar a las alcaldías. Vale la pena retomar ese intercambio a la luz de la acción de inconstitucionalidad que tramita la Sala Constitucional en el expediente 26-034453-0007-CO. Lo que allí se resuelva va a incidir necesariamente en la distribución de la potestad sancionadora y en la relación entre el Concejo y la Alcaldía, dos órganos del gobierno municipal integrados por autoridades electas en las urnas. En el fondo, está en juego cómo proteger el mandato que les confirió la ciudadanía.
Hacia el final de su réplica, el profesor Cambronero preguntó “Hoy, ¿quién sancionaría un acoso laboral de la alcaldía o cualquier incorrección administrativa?”. Le preocupaba que, si se descartaba la competencia del Concejo Municipal sin otra propuesta, algunas faltas quedaran sin sanción. Justamente, hay preguntas que piden reflexión. Solo al volver a ellas se advierte cuánto puede cambiar con la respuesta y cuánto puede mover una decisión que, a primera vista, parece referirse solo a una cuestión de competencia. De ahí la necesidad de ampliar el horizonte y mirar lo que esa decisión puede significar para nuestra vida política y democrática.
Esta es una de ellas. Decidir quién juzga a una autoridad electa en las urnas toca el equilibrio político de los gobiernos locales y el lugar que ocupa la justicia electoral en nuestro régimen democrático.
El informe de la Procuraduría en el expediente 26-034453-0007-CO ofrece ahora un punto de partida para retomar la discusión. Si el Tribunal Supremo de Elecciones ya decide cuándo corresponde cancelar una credencial, vale la pena que la Sala pondere si esa misma jurisdicción puede conocer las faltas que ameriten una suspensión, qué garantías de imparcialidad ofrecería esa vía y qué supondría para el Tribunal asumirla.
Esa posibilidad invita volver al debate con una pregunta más concreta: ¿En qué condiciones podría el Tribunal Supremo de Elecciones asumir también el juzgamiento de las faltas al deber de probidad que puedan dar lugar a la suspensión de una autoridad municipal electa, y qué efectos tendría esa decisión sobre el equilibrio político de los gobiernos locales y el papel de la justicia electoral en nuestra democracia constitucional?
La Procuraduría como órgano oficial, puso el acento en la imparcialidad del órgano que juzga. Como ya habíamos advertido y el profesor Cambronero no tuvo objeción alguna, en un Concejo donde las mayorías pueden ser aliadas o adversarias de la Alcaldía, la cercanía política crea un riesgo en ambas direcciones.
De igual manera, el profesor Cambronero señaló que Petro Urrego vs. Colombia trató de una destitución y una inhabilitación y que por tal razón no era aplicable a la discusión. Aquí es necesario advertir que en mi columna planteé que, si una sanción afecta el ejercicio del mandato popular, deben extremarse las garantías.
Una suspensión, aunque sea temporal, aparta del cargo a la persona que eligió la ciudadanía. Mi planteamiento encuentra sustento en el párrafo 96 de Petro Urrego vs. Colombia, que formula el estándar según el efecto de la sanción sobre los derechos políticos y aunque la Corte no resolvió el caso de una suspensión temporal, su razonamiento permite examinar si apartar del cargo temporalmente a una autoridad electa o incluso amonestarla restringe o afecta el ejercicio del mandato popular.
De igual forma, la Procuraduría invocó Petro Urrego y el artículo 23.2 de la Convención Americana para sostener que la doctrina que permite a los Concejos Municipales juzgar y sancionar en sede administrativa las faltas al deber de probidad de autoridades electas debe declararse inconstitucional. La Procuraduría plantea que la Sala valore si la jurisdicción electoral puede asumir ese juzgamiento y contempla una reforma legislativa si el ordenamiento requiere otra solución.
Aquí vuelve a cobrar vida la vieja máxima de Ulpiano, recogida en el Digesto: “El que puede lo más puede lo menos”. La doctrina llama a maiori ad minus al razonamiento que invita a mirar si la razón que justifica lo más alcanza también para lo menos. Si confiamos a la justicia electoral la decisión de poner fin a un mandato nacido de las urnas, vale la pena preguntarnos si las mismas razones de independencia e imparcialidad aconsejan confiarle la decisión de interrumpirlo por un tiempo. El aforismo abre la pregunta que corresponde ponderar a la Sala, si esa vía es compatible con la Convención Americana y qué respaldo legal necesitaría el Tribunal para asumirla, lo que esa decisión significa para la justicia electoral merece una mirada más amplia.
También hay que mirar la decisión desde el lugar que ocupa el TSE en nuestro orden constitucional. En un momento en que su autoridad ha sido objeto de cuestionamientos recurrentes, algunos vinculados al ejercicio de sus atribuciones sancionatorias, encomendarle esta función ampliaría su intervención en conflictos donde está en juego el ejercicio de un mandato popular. También le exigiría capacidad para atender nuevos expedientes con la independencia y la diligencia que esa tarea reclama. Es relativamente sencillo decir a cuál órgano le toca ejercer la competencia. Lo delicado es definir en qué condiciones puede hacerlo.
Espero que quienes integran la Sala tengan el tino y el tiempo para mirar más allá del fallo. De su decisión depende cómo se exigirá responsabilidad a quienes gobiernan nuestros cantones, cómo se resguardará el mandato que les dio la ciudadanía y qué papel asumirá la justicia electoral en ese equilibrio. Hay preguntas que piden tiempo porque su respuesta se puede formular en menos de un minuto, pero sus consecuencias pasan a formar parte de la vida de nuestras instituciones.









