Acción cuestiona los plazos mínimos de convivencia exigidos por el Código de Familia, por considerar que discriminan a jóvenes que ingresaron al sistema de protección del PANI durante la adolescencia.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio curso a una acción de inconstitucionalidad contra las disposiciones del Código de Familia que establecen plazos mínimos de convivencia antes de alcanzar la mayoría de edad como requisito para que una persona adulta pueda ser adoptada.
La acción, tramitada bajo el expediente 26-035784-0007-CO, fue presentada por la abogada Aymará Fernández Madrid, en representación de un joven y de las dos personas que pretenden adoptarlo. El tribunal admitió la gestión mediante una resolución del pasado 4 de noviembre, divulgada mediante un aviso en el Boletín Judicial.
Concretamente, la acción impugna dos disposiciones contenidas en el inciso b) del artículo 109 del Código de Familia, que regula cuáles personas pueden ser adoptadas. Actualmente, la legislación permite la adopción de mayores de edad siempre que hayan mantenido vínculos familiares o afectivos con sus adoptantes y cumplan los siguientes requisitos de convivencia:
Haber convivido con los adoptantes durante al menos seis años antes de alcanzar la mayoría de edad.
Haber convivido durante al menos tres años antes de alcanzar la mayoría de edad cuando los adoptantes sean familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, inclusive.
En la práctica, esos requisitos implican que una persona debe haber iniciado la convivencia con quienes pretenden adoptarla, a más tardar, al cumplir los 12 años, o los 15 años cuando exista el parentesco previsto en la norma, si pretende formalizar la adopción después de alcanzar la mayoría de edad.
La parte accionante sostiene que esos límites temporales vulneran los derechos constitucionales a la familia, la igualdad, la identidad, el libre desarrollo de la personalidad y el acceso a una justicia pronta y cumplida. Asimismo, considera que resultan contrarios a disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de la Persona Joven.
El caso de un joven que busca formalizar su vínculo familiar
La acción tiene su origen en una solicitud de adopción conjunta de una persona mayor de edad, cuya inscripción permanece pendiente ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), luego de que los interesados recurrieran una resolución emitida por la Sección de Inscripciones del Registro Civil el pasado 31 de julio.
Según expuso la abogada, el joven ingresó a Costa Rica cuando tenía 15 años y actualmente convive con las personas que reconoce como sus padres y con los hijos de estos, a quienes considera sus hermanos. Sin embargo, el requisito temporal establecido en el Código de Familia impide formalizar jurídicamente esa relación.
La representación legal sostiene que no se trata de un vínculo familiar que apenas comienza a desarrollarse, sino de una relación consolidada mediante la convivencia cotidiana, el afecto y el reconocimiento mutuo, cuya existencia no depende de la edad de sus integrantes.
Negar el reconocimiento formal de su pertenencia a un núcleo familiar no solo frustra la plenitud jurídica de un vínculo emocional y material ya consolidado, sino que le excluye arbitrariamente del acceso a derechos esenciales: llevar los apellidos de quienes reconoce como padres, integrarse a la seguridad social, garantizarse el auxilio mutuo fraterno y acceder a derechos sucesorios o alimentarios".
La parte accionante argumenta que el ordenamiento jurídico costarricense ha evolucionado hacia el reconocimiento de la filiación socioafectiva, entendida como aquellos vínculos familiares que se construyen mediante el afecto, la convivencia y el ejercicio efectivo de las responsabilidades familiares, independientemente de la existencia de parentesco biológico.
Una barrera para adolescentes bajo protección del PANI
Uno de los principales argumentos de la acción es que los plazos establecidos en el Código de Familia producen una discriminación indirecta contra las personas que ingresan al sistema de protección estatal durante la adolescencia, particularmente aquellas que quedan bajo la tutela del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
La parte accionante sostiene que, aunque el requisito temporal se aplica formalmente por igual a todas las personas, sus consecuencias son especialmente perjudiciales para quienes, por circunstancias ajenas a su voluntad, no tuvieron la oportunidad de incorporarse a un entorno familiar durante sus primeros años de vida.
Así, un adolescente de 13 años que establezca una relación familiar con personas sin parentesco consanguíneo no podría ser adoptado después de cumplir los 18 años, aunque hubiese convivido con ellas durante el resto de su adolescencia y mantuviera posteriormente ese vínculo.
La acción también cuestiona las consecuencias de los atrasos administrativos y judiciales en los procedimientos de terminación de los atributos de la responsabilidad parental o declaratoria de abandono, necesarios en determinados casos para que una persona menor de edad pueda ser adoptada.
Según argumenta la representación legal, esos procesos pueden extenderse durante años y provocar que un adolescente alcance la mayoría de edad sin haber podido formalizar su adopción. Una vez que esto ocurre, el requisito de convivencia previa puede convertirse en un impedimento definitivo para el reconocimiento jurídico de su familia.
Cuando el Estado no logra ubicar a un adolescente en una familia adoptiva a edades tempranas, no puede posteriormente castigarlo prohibiéndole formalizar su vínculo afectivo cuando alcanza la mayoría de edad con la familia que lo acogió durante su adolescencia".
La parte accionante considera que el Estado no debería trasladar a los jóvenes las consecuencias de los atrasos de sus propias instituciones, especialmente cuando estos impiden el ejercicio de derechos vinculados con la familia y la identidad.
Consecuencias sobre los derechos patrimoniales y familiares
La acción advierte que impedir la formalización de una adopción tiene consecuencias que van más allá de la imposibilidad de llevar los apellidos de quienes una persona reconoce como sus padres.
El artículo 102 del Código de Familia establece que la adopción crea entre adoptantes y adoptados los mismos vínculos jurídicos que existen entre padres e hijos consanguíneos. Asimismo, dispone, como regla general, que la persona adoptada pasa a formar parte de la familia de sus adoptantes para todos los efectos legales.
Según la representación legal, la ausencia de ese reconocimiento puede tener consecuencias en ámbitos como:
Derechos sucesorios: la posibilidad de heredar en ausencia de un testamento, en condición de hijo.
Obligaciones alimentarias: el derecho y el deber recíproco de brindar asistencia económica entre padres e hijos cuando corresponda.
Seguridad social: el eventual acceso al aseguramiento familiar y a prestaciones derivadas del parentesco, sujeto al cumplimiento de los requisitos correspondientes.
Identidad: la posibilidad de adecuar los apellidos de la persona a su realidad familiar.
Reconocimiento del parentesco: la formalización de los vínculos jurídicos con los demás integrantes de la familia.
La accionante sostiene que esas consecuencias pueden afectar particularmente a las personas jóvenes que egresan del sistema de protección estatal y requieren una red de apoyo familiar durante su transición hacia la vida adulta.
Cuestionan el origen del plazo de seis años
La representación legal también cuestionó los antecedentes legislativos de la disposición, incorporada al Código de Familia mediante la Ley 7538, del 22 de agosto de 1995, tramitada bajo el expediente 11.922.
Según la revisión del expediente legislativo que afirma haber realizado la accionante, una propuesta anterior, correspondiente al expediente 10.100 de 1985, contemplaba la posibilidad de adoptar personas mayores de edad mediante la acreditación de una convivencia previa y de un vínculo afectivo, sin establecer una duración mínima específica.
La abogada señala que el plazo de seis años fue incorporado durante la discusión legislativa en octubre de 1994 y posteriormente modificado en subcomisión en marzo de 1995, sin que haya identificado estudios técnicos, psicológicos, sociales o de derecho comparado que justificaran la duración seleccionada.
La accionante reconoce que prevenir posibles fraudes mediante adopciones de personas adultas constituye un objetivo legítimo. Sin embargo, considera que la fijación de un plazo inflexible resulta desproporcionada y que existen otros mecanismos para verificar la autenticidad de los vínculos familiares sin excluir automáticamente a quienes incumplen ese requisito.
Sala Constitucional ya había avalado la restricción
La acción también pretende que la Sala Constitucional revise su propia jurisprudencia sobre la materia, particularmente las sentencias 2010-002022 y 2014-004579, en las que anteriormente examinó los cuestionamientos contra la regulación de la adopción de personas mayores de edad.
En el pronunciamiento del 2010, la Sala consideró razonable y proporcional establecer requisitos específicos para la adopción de personas adultas, debido al carácter excepcional de esa figura jurídica y a la necesidad de prevenir eventuales abusos, entre ellos aquellos relacionados con fines migratorios.
Ese criterio fue retomado por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 2024-002098, del 5 de setiembre del 2024, al examinar una solicitud de reconocimiento en Costa Rica de una adopción de persona adulta autorizada por un tribunal de Estados Unidos.
Sin embargo, la parte accionante sostiene que el precedente del 2010 examinó una situación familiar de carácter privado, sin intervención previa del sistema estatal de protección, por lo que considera necesario distinguir ese escenario de aquellos en los que las posibilidades de convivencia y adopción de un adolescente dependen de actuaciones administrativas y judiciales del propio Estado.
La representación legal también argumenta que, desde el 2010, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la legislación costarricense han experimentado cambios relevantes en materia de reconocimiento y protección de distintas formas de organización familiar.
Entre los antecedentes invocados figura la Ley 10.166, Ley de Reconocimiento de Derechos a Madres y Padres de Crianza, que, según la accionante, constituye un avance en el reconocimiento jurídico de los vínculos familiares construidos mediante relaciones de hecho, aunque no resuelve plenamente los problemas de filiación planteados en esta acción.
Solicitan eliminar los plazos o establecer excepciones
La pretensión principal de la acción consiste en que la Sala Constitucional declare inconstitucionales y elimine del ordenamiento jurídico las dos frases del inciso b) del artículo 109 del Código de Familia que establecen los plazos mínimos de convivencia de seis y tres años.
De prosperar esa solicitud, la adopción de personas mayores de edad continuaría requiriendo acreditar una convivencia previa a alcanzar la mayoría de edad y la existencia de vínculos familiares o afectivos, pero dejaría de estar condicionada a una duración mínima específica de esa convivencia.
Como pretensión alternativa, en caso de que la Sala decida mantener los plazos, la representación legal solicita que se declare inconstitucional su aplicación inflexible en dos supuestos:
Cuando las personas que pretenden ser adoptadas hayan estado bajo medidas especiales de protección del Estado, por medio del PANI.
Cuando el incumplimiento del plazo obedezca a atrasos atribuibles a la Administración Pública o al Poder Judicial.
La parte accionante también solicita que el tribunal otorgue efectos retroactivos a una eventual sentencia estimatoria y ordene al Registro Civil continuar con el trámite de inscripción de la adopción que dio origen al proceso constitucional.
Tribunal Supremo de Elecciones suspendió trámite de adopción
El TSE informó a la Sala Constitucional, mediante el oficio STSE-2122-2026, del pasado 14 de octubre, que el expediente administrativo se encuentra pendiente de resolución debido al recurso de apelación presentado por los interesados contra la decisión del Registro Civil.
Mediante una resolución del 8 de octubre, el organismo electoral suspendió las diligencias correspondientes a la solicitud de adopción mientras la Sala Constitucional resuelve la impugnación contra el Código de Familia.
El tribunal constitucional concedió una audiencia de 15 días al procurador general de la República, al jefe de la Sección de Inscripciones del Departamento Civil del Registro Civil y a la presidenta del TSE para que se pronuncien sobre los argumentos de la acción.
La admisión de la gestión no supone que la Sala haya declarado inconstitucionales los requisitos cuestionados. Estos mantienen su vigencia general, aunque las autoridades judiciales y administrativas que agotan la vía administrativa deberán abstenerse de dictar resoluciones finales en los asuntos pendientes en los que se discuta la aplicación de las disposiciones impugnadas, hasta que el tribunal constitucional resuelva el caso.








