Sin una ruta clara y una visión estratégica a casi dos años de la administración Chaves Robles el país vive un panorama preocupante en áreas como seguridad pública, educación, producción agrícola, ambiente, infraestructura vial, hospitalaria, salud y seguridad social.

La inseguridad se agudiza con cifras récord en homicidios, las instituciones pierden presupuesto destinado a ayudas sociales, la inversión en infraestructura pública se ha reducido drásticamente, la CCSS está en constante asedio, mientras la provincia de Cartago clama por un nuevo hospital y los agricultores aseguran vivir una verdadera calamidad por la crisis económica que sufre el sector.

Los índices de violencia y criminalidad se han disparado. Los recursos destinados a la seguridad pública son insuficientes y no se vislumbra una estrategia integral de seguridad para enfrentar el narcotráfico. El OIJ estima que el 2024 podría registrar más de 900 asesinatos como ocurrió en el 2023, cuando se alcanzaron cifras históricas. Un promedio de 2.5 homicidios diarios, por el momento.

La lucha contra la inseguridad demanda no solo la aprobación de proyectos de ley presentados por los tres Poderes de la República, sino también inversión social para mantener a los jóvenes en las aulas —y no cortar 110.000 becas de Avancemos— y ofrecerles infraestructuras comunitarias, así como el fortalecimiento de la educación y estrategias concretas para recuperar el empleo. Según el INEC, la población ocupada sufrió una reducción de poco más de 132 mil personas al finalizar octubre anterior.

Estancamiento de la infraestructura pública. El país necesita obras que mejoren la movilidad, la conectividad, el ambiente y la calidad de vida de la población. La participación del sector construcción constituye hoy un 4.0% del PIB. Datos de la Cámara Costarricense de la Construcción señalan que el país ha decrecido de manera importante: entre 1991 y 2020, este rubro pesó en promedio cerca del 20%; entre el 2021 y 2023 cayó al 9%.

Proyectos viales como Barranca-Limonal, Ruta 1 o Ruta 27 han estado prácticamente paralizados, al igual que obras de envergadura como Paacume, Tren Eléctrico o Ciudad Gobierno, que habían alcanzado avances significativos en la administración anterior. Otra iniciativa, el Tren Eléctrico Limonense de Carga —que iría de Moín a San Carlos— ha sido avalado por las actuales autoridades, pero el progreso que ha tenido es tímido, sin que exista una ruta para su ejecución. Tampoco se conoce cuál plan ejecutará el gobierno para impedir el colapso de Puerto Caldera.

Con la llegada del nuevo jerarca del MOPT es necesaria una presentación pronta por parte de la institución de los grandes proyectos sostenibles que ejecutará -con visión estratégica- y pensar en una política de Estado que cumpla con el deber de proveer una infraestructura de calidad para el bienestar de los costarricenses y para mejorar la competitividad del país.

En este recuento de los primeros años de administración un elemento fundamental es la corrupción a partir de hechos como los que han trascendido en los últimos días que llegó a los estrados judiciales y llevó al ex jerarca del MOPT a auto exiliarse.

Una institución clave del país, como es la CCSS, ha estado bajo ataque constante. Un ejemplo es la inexplicable actitud ante el nuevo hospital de Cartago, una obra urgente, cuya construcción estaba a punto de arrancar después un largo proceso licitatorio. Resulta inaceptable que -desoyendo criterios técnicos de expertos en la materia como el CFIA o el Colegio de Geólogos- se siga postergando su construcción.

Hay que reconocer que la situación fiscal ha mejorado con un superávit primario del 1,6% del PIB según el Ministerio de Hacienda, producto en buena parte del ordenamiento de las finanzas públicas que permitió la aprobación de leyes como el Plan Fiscal (en diciembre de 2018). Sin embargo, alcanzar las metas macroeconómicas adquieren sentido si es para proteger el Estado Social de Derecho y los programas sociales en beneficio de los sectores más vulnerables.

El país atraviesa una situación preocupante para algunos sectores productivos, especialmente el agro. Quizás uno de los casos más impactantes es el de los 331 productores de arroz afectados a raíz de la firma del decreto que libró del pago de impuestos por 20 mil millones colones a unos cuantos importadores, según investigación realizada por Semanario Universidad. Ojalá el gobierno acogiera el llamado de los exministros de Agricultura de revertir la llamada “Ruta del Arroz”.

Otros productores han sufrido pérdidas por el precio actual del dólar y el desestímulo reinante ante la ausencia de una política agrícola que reactive la economía de las zonas rurales.

No menos importante es la materia ambiental. Atrás ha quedado la Costa Rica referente mundial en la lucha contra el cambio climático con acciones como el Plan Nacional de Descarbonización (febrero 2019) o con la Alianza para ir más allá del Petróleo y el Gas (BOGA), que lanzó el país junto a Dinamarca en 2021. Esta iniciativa para reducir y eliminar la exploración y producción del petróleo y del gas natural, fue descartada cuando la delegación oficial costarricense se negó a firmar la declaración de BOGA, en la COP28 de 2023.

Este cambio de visión en materia ambiental se ha visto reflejado, por ejemplo, en el interés del gobierno de explorar reservas de gas, pese a la moratoria que rige desde 2002, o los intentos por revivir la pesca de arrastre, con gastos millonarios en estudios cuyo objetivo es demostrar la viabilidad ambiental de esta nociva práctica.

Es de esperar que se mantenga el protagonismo costarricense en la Coalición de Alta Ambición para la Naturaleza y las Personas, liderada desde 2021 por Costa Rica, Francia y Gran Bretaña y que llegó a comprometer a más de un centenar de países con la protección del 30% del planeta —en territorio y mar— en el 2030.

El pueblo costarricense requiere un gobierno honesto, transparente, capaz, que trabaje por el bien común, que respete la democracia, que escuche las demandas sociales, que formule políticas públicas, que impulse el desarrollo con distribución equitativa de la riqueza, que garantice la seguridad, que mejore la infraestructura y que cumpla.

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