Por lo menos seis proyectos anteriores para cerrar la DIS han fracasado desde el 2008.
La diputada del Frente Amplio, Priscila Vindas Salazar, presentó un proyecto de ley (expediente 24.094) con el propósito de cerrar la Dirección de Inteligencia y Seguridad.
Según señala la exposición de motivos del texto, el proyecto busca “eliminar de una vez por todas la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) como fuerza de policía de nuestro país”.
La exposición de motivos hace un recorrido histórico por otros seis proyectos que, desde el 2008, han sido presentados a la corriente legislativa con el objetivo de eliminar la DIS o limitar sus funciones, por lo que de esos insumos esta propuesta incorpora “modificaciones que, en distintos momentos, han propuesto el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Universidad de Costa Rica y el Organismo de Investigación Judicial”.
La propuesta de la diputada Vindas consiste en que las competencias y recursos que actualmente tiene la DIS, siempre que su ejercicio sea compatible con la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, sean reasignadas a los distintos cuerpos policiales a cargo del Ministerio de Seguridad Pública o al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según su respectiva especialización técnica.
La propuesta se presenta días después de que La Nación diera a conocer audios donde se escucha a la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, conversar con Jorge Rodríguez Vives, entonces jefe de despacho presidencial y actual ministro de Comunicación, sobre una reunión en la cual el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, le pidió a la DIS revisar los teléfonos de jerarcas de Ministerios y personas funcionarias de Casa Presidencial, ante sospechas de filtraciones de información a la prensa.
La iniciativa de ley fue presentada con las firmas de respaldo del resto de la bancada del Frente Amplio.
Debido a que la Asamblea Legislativa se encuentra hasta el 31 de enero del 2024 en periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto de ley podrá iniciar su trámite legislativo solo si es convocado por el Poder Ejecutivo.
