Por nombramiento de funcionario en la Supén que no cumplía requisitos
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó este lunes y pidió apertura de juicio contra los miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) por el delito de nombramiento ilegal.
Según un comunicado de prensa del Ministerio Público, la acusación fue planteada ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública contra seis personas involucradas en el nombramiento ilegal en 2021 de Adrián Pacheco Umaña, en el puesto de director de Planificación y Normativa en la Superintendencia de Pensiones (Supen).
Además de Pacheco la FAPTA denunció a Rocío Aguilar Montoya, en razón de su puesto como Superintendenta General de Entidades Financieras y Superintendenta de Pensiones; Alberto Dent Zeledón, presidente del Conassif; Tomás Soley Pérez, como Superintendente General de Seguros; Danisella Vallejos Naranjo, funcionaria del Área de Comunicación y Servicios de la SUPEN; y Yessenia Chaves Hernández, quien laboraba en el departamento de Gestión del Factor Humano del Banco Central.
Según la acusación de la Fiscalía estas personas habrían promovido y nombrado de manera ilegal al coimputado en la División de Planificación y Normativa de la Supen pese a que no cumplía con la totalidad de los requisitos. Además, Pacheco y Dent indicaron en documentos públicos que el interesado contaba con un requisito del cual, presuntamente, carecía, mientras que en apariencia las funcionarias Chaves y Vallejos estaban enteradas de esta irregularidad.
La acusación se presentó dentro del expediente 23-000234-1218-PE y ahora corresponderá al Juzgado Penal programar la audiencia preliminar en la que se discutirá si el caso se eleva a un debate oral y público.
Rocío Aguilar Montoya fue acusada de los delitos de nombramiento ilegal y prevaricato; Tomás Soley Pérez fue señalado del delito de nombramiento ilegal; Alberto Dent Zeledón fue acusado de nombramiento ilegal y falsedad ideológica; Pacheco Umaña fue acusado de falsedad ideológica, mientras que Chaves Hernández y Vallejos Naranjo del delito de incumplimiento de deberes.
