Campesinos piden al Gobierno que declare sus asentamientos de interés publico para evitar violencia y desalojos.
La Alianza Campesina del Norte señaló que el Gobierno de la República rompió el diálogo que les ofrecía solución de vivienda.
La alianza, representada por unas veinte familias campesinas que habitan en terrenos baldíos en la Zona Norte del país específicamente en las áreas de Medio Queso y Cristo Rey San Pablo, se manifestó este lunes frente a Casa Presidencial para exigirle al presidente, Rodrigo Chaves Robles que declare sus asentamientos de interés publico para evitar violencia y desalojos.
La ruptura se dio en la noche del 23 de octubre y obligó a que las personas campesinas decidieran acampar en el Parqueo del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) en la Universidad de Costa Rica.
Según Anselmo Muñoz Morales, quien estuvo presente en la negociación, las autoridades del Ejecutivo querían hacerles firmar una propuesta con la que no estaban del todo de acuerdo.
Nos dijeron que el Presidente de la República ordenó que eran todos los acuerdos o nada, entonces la mesa que construimos se rompió.
Además señalaron que existieron "indicaciones explícitas de una posible represión durante la noche", por lo que se trasladaron a las instalaciones del UCR para pedir apoyo y protección. Gracias a las gestiones del Sindicato de Empleados de la Universidad lograron instalarse con colchonetas de la Comisión Nacional de Emergencias.
La alianza campesina hizo un llamado al movimiento estudiantil y a la comunidad universitaria a rodear de solidaridad el campamento, a acercarse a escuchar a las familias campesinas y acompañarlas en su lucha; así como brindarles apoyos materiales tales como comida, abrigo, cobijas, dinero y donaciones, juguetes para los niños y niñas.
Agregaron que cualquier apoyo material al movimiento debe ser coordinado al número 6454-2411 de Yessenia Barraza Orozco.
Versión del Gobierno
En comunicado de prensa, el Gobierno Chaves Robles indicó que quienes rompieron el diálogo fueron los líderes de la Alianza Campesina y que lo hicieron "de forma intempestiva" al no estar de acuerdo con 1 de los 8 puntos propuestos y construidos en conjunto.
Además, afirmaron que durante los últimos años la Alianza Campesina tomó ilegalmente terrenos privados por lo que el proceso judicial para determinar el uso de esas tierras avanza en la sede judicial.
Ante esto, detallaron que el Ejecutivo propuso una posible hoja de ruta para explorar arrendamiento de terrenos y definir una lista de posibles beneficiarios para el 15 de noviembre. De igual forma, se planteó la idea de un convenio entre el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para brindar electrificación a este poblado.
En materia de acceso al agua, compartieron que Acueductos y Alcantarillados está en disposición de apoyar una mesa de diálogo con las tres ASADAS de la zona para que eventualmente se pueda desarrollar un proyecto de acceso al agua en dicha población.
Mientras tanto el Inder haría un avalúo para la compra de 10 hectáreas de terreno en la finca Medio Queso para poder dar una solución a dicha población. De igual forma, añadieron que coordinaría con el Banco de Costa Rica la utilización de fincas que son parte de los activos del Banco para valorar su compra por parte del Inder.
Asimismo, estudiarán la exigencia de la Alianza Campesina de una declaratoria de interés público y esperan dar una respuesta definitiva el próximo 15 de noviembre. Este es un análisis jurídico que está a cargo del Viceministerio de la Presidencia.
El Gobierno de la República afirmó que mantiene el canal abierto ante las propuestas que ha presentado a la Alianza.
Por esta situación, la Alianza Campesina del Norte recordó que hace unos 15 días uno de los dirigentes del asentamiento campesino Monteverde fue atacado a balazos por un agente de seguridad privada en el contexto de un desalojo.
