Genoveva Chaverri es investigada por enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) consiguió que se ordenara como medida cautelar la suspensión del cargo de Genoveva Chaverri Chaverri, quien ocupaba la presidenta de la junta directiva del Banco Popular hasta este 28 de setiembre. La orden fue dictada por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, y estará vigente por todo el plazo que dure la investigación.

Casa Presidencial informó la tarde de este jueves que recibió este jueves la renuncia de Chaverri Chaverri al puesto. En esta  señaló que la decisión era de carácter irrevocable y por motivos de salud.

La imputada figura como sospechosa de cometer los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. De acuerdo con la prueba obtenida hasta este momento, se cree que, antes del 19 de setiembre del 2022, ella presentó su currículum ante el Consejo de Gobierno, con el fin de optar por dicho puesto.

Al parecer, la funcionaria pública incluyó datos falsos en su currículum sobre las carreras universitarias que habría cursado. Se presume que no cuenta con las titulaciones referidas, según detalló el Poder Judicial en un comunicado a la prensa.

Se cree que, de esa manera, indujo a error al Consejo de Gobierno, para ser nombrada como integrante de la Junta Directiva del Banco Popular, donde, habría recibido un monto bruto de ₡26.716.355, producto de sus dietas mensuales.

Como parte del proceso, la Auditoría General de la entidad bancaria solicitó a Chaverri las copias de sus atestados, sin embargo, se cree que, el 5 de julio anterior, habría incluido datos falsos en un documento público, con la intención de continuar en su puesto, ampliaron en la Fiscalía. La investigación corresponde al expediente 23-000269-1218-PE.

Chaverri era una de las representantes del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva del Banco Popular.

Desde el pasado 28 de julio de 2022 el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles tiene control exclusivo sobre nombramiento de toda la Junta Directiva del Banco Popular a través de dos decretos.

La última extensión se dio el pasado 18 de mayo cuando el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, junto a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero Rodríguez, suscribieron el documento Nº 44019-MP-MTSS, en el que el Ejecutivo amplió su control sobre la Junta Directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, por siete meses adicionales.

Con la justificación de ser una medida para "fortalecer la representatividad", las autoridades del Gobierno han evitado que las organizaciones que tienen representación en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras nombren a sus representantes para que estos realicen la elección de las cuatro personas que le toca designar para la Junta Directiva.

Ese decreto establece nuevas condiciones para la designación de las 250 personas que representan los distintos sectores en la asamblea, pidiendo que cada agrupación deba proporcionar una lista de las personas afiliadas activas, la cual será verificada a través del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) para comprobar la identidad de cada persona.