El pasado 28 de julio, el gobierno República anunció la firma y publicación del Decreto 43.638-MP-MTSS que les permite tener dominio absoluto sobre la Junta Directiva del Banco Popular. La medida anunciada como una forma de "fortalecer la representatividad"  ha sido criticada por diferentes sectores.

El documento suscrito por el presidente Rodrigo Chaves Robles, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel Rodríguez, evita que se realice la elección de las cuatro personas representantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular ante la Junta Directiva y le permitió al Ejecutivo nombrar esos cuatro puestos temporalmente por hasta ocho meses.

Dato D+: La junta directiva está conformada por siete personas. La Asamblea de Trabajadores del Banco designa cuatro y el ejecutivo tres de sus integrantes.  La Asamblea está conformada 290 representantes, 40 de los cuales son del sector comunal y los 250 de diversas organizaciones sociales.

El líder sindical y miembro de la Asamblea de Trabajadores, Lenin Hernández Navas, indicó que el decreto ejecutivo tiene falencias desde un punto técnico-legal, pues se le pasa por encima al proceso normal de selección. Adicionalmente existe un trasfondo político:

Esta Junta Directiva va a tener la potestad a 8 meses, una vez vencido los plazos de vigencia de cuerpo gerencial, de nombrar a un próximo cuerpo gerencial del Banco Popular. Ahí es donde el decreto no queda suficientemente claro de los resultados que va a tener esta junta directiva protempore porque eso sería, prácticamente una intervención del Banco". 

Además, detalló que en apariencia algo que parece ser bueno para efectos de transparencia del procesos de la selección de delegados, puede resultar algo "oscuro". Hernández señaló que la movida del Ejecutivo le abriría las puertas para  nombrar al cuerpo gerencial de manera indefinida "y eso sí sería tomar prácticamente el Banco". 

El sindicalista, que tenía aspiraciones de resultar electo para entrar al directorio, detalló que el cuerpo corporativo del banco es tripartito; por un lado la parte gerencial, la Junta Directiva por otro y la Asamblea de Trabajadores que tienen menos incidencia de un punto de vista de gestión (prácticamente solo recomienda la orientación política que se puede extender de la Asamblea). Lo importante, para él, radica precisamente en la Junta Directiva y el cuerpo gerencial de llevar toda la parte operativa, esa visión construida de que se quiere con relación al Banco.

Hernández comentó que, cuando sale el anuncio, el Ejecutivo le consultó a la Junta Directiva del Banco Popular, pero no así al Directorio de Asamblea de trabajadores del Banco. Dicha situación, obvió de hacer la consulta a los diferentes sectores, "entonces están incumpliendo el principio de publicidad de la norma o la ley", advirtió.

La diputada del Partido Liberación Nacional, Monserrat Ruiz Guevara, coincidió en que el decreto es una clara intención de intervenir el banco y enfatizó en el secretismo con el que actuó el gobierno para informar sobre el tema. Para ella es una falta de respeto a la institucionalidad y el funcionamiento de la gobernanza. 

Esto es un riesgo muy grande para la gobernanza institucional, pues abre la puerta para nombramientos en puestos clave que respondan a intereses políticos. Pero además, aún más grave, esto es el inicio de la desaparición de toda la construcción socio-laboral que se realiza en este órgano". 

En su mensaje la liberacionista criticó la medida porque afecta la autonomía de las organizaciones sociales, resta representatividad a las personas trabajadoras, no se hizo por medio de consulta pública y tiene graves problemas de legalidad.

Hernández dijo que tras no tener la oportunidad de manifestarse contra la medida en el momento, gestionan una serie de acciones legales. Recientemente interpusieron un recurso de amparo y están a la espera de conocer si fue acogido.