Genoveva Chaverri era una de las representantes del Ejecutivo en la Junta Directiva del Banco Popular.
La secretaría del Consejo de Gobierno recibió este jueves la renuncia de la señora Genoveva Chaverri Chaverri, quien ocupaba el cargo de directora de la junta directiva del Banco Popular y era una de las representantes del Poder Ejecutivo en ese órgano.
Chaverri Chaverri señaló que la renuncia es de carácter irrevocable a partir del 28 de setiembre y se da por motivos de salud.
En un comunicado a la prensa, Casa Presidencial informó que recibió este día un correo electrónico de parte de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en la que se les notificó que el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública suspendió del cargo a la señora Genoveva Chaverri Chaverri.
Al respecto señalaron que "esta será la única información que se brindará dada la confidencialidad que el ordenamiento jurídico nacional requiere en este tipo de procesos".
Desde el pasado 28 de julio de 2022 el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles tiene control exclusivo sobre nombramiento de toda la Junta Directiva del Banco Popular a través de dos decretos.
La última extensión se dio el pasado 18 de mayo cuando el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, junto a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero Rodríguez, suscribieron el documento Nº 44019-MP-MTSS, en el que el Ejecutivo amplió su control sobre la Junta Directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, por siete meses adicionales.
Con la justificación de ser una medida para "fortalecer la representatividad", las autoridades del Gobierno han evitado que las organizaciones que tienen representación en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras nombren a sus representantes para que estos realicen la elección de las cuatro personas que le toca designar para la Junta Directiva.
Ese decreto establece nuevas condiciones para la designación de las 250 personas que representan los distintos sectores en la asamblea, pidiendo que cada agrupación deba proporcionar una lista de las personas afiliadas activas, la cual será verificada a través del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) para comprobar la identidad de cada persona.
Para excusar la última ampliación del plazo, el Gobierno indicó que aún no ha finalizado el proceso de integración e instalación de la Asamblea y requieren más tiempo.
