Por Paola Naranjo Sandí – Estudiante de la carrera de Derecho
El año 2020 trajo consigo un evento que marcó la historia de la humanidad: la pandemia de la COVID-19, que tuvo una gran variedad de repercusiones en todos los sectores del mundo. Uno de los efectos más reconocido fue el abrupto surgimiento de la necesidad de virtualizar las tareas cotidianas como medida preventiva con respecto a los contagios del virus, lo cual eventualmente se materializó en la implementación del teletrabajo en los sectores empresariales y productivos, incluyendo aquellas instituciones que conforman el sector público costarricense.
De acuerdo con el comunicado emitido por el Gobierno de la República de Costa Rica (2020) en marzo del pasado 2020, aproximadamente quince mil funcionarios se acogieron a esta modalidad en el mes que se identificaron los primeros casos del virus en territorio costarricense, lo cual equivale a un 26,8 % del total de colaboradores estatales. El propósito del presente artículo es puntualizar los efectos positivos y negativos del teletrabajo, así como estudiar brevemente las oportunidades de mejora, tanto desde la perspectiva del administrado como del funcionario.
Como parte de los puntos positivos de la implementación del trabajo remoto en el sector público, se encuentra la modernización de la gestión pública, al hacer el esfuerzo de virtualizar la mayoría de servicios así como el impulso del buen uso de las nuevas tecnologías. Tradicionalmente, los trámites en la empresa pública eran conocidos como anticuados y lentos, precisamente por el desuso de las facilidades y bondades de las herramientas tecnológicas, si bien no se trató de una “iniciativa” propiamente dicha, sino una adaptación abrupta ante las circunstancias, los beneficios los disfrutan tanto la población en general como la misma institución. Los trabajadores públicos tienen la facilidad de mejorar la conciliación entre su vida personal y laboral, flexibilizando su horario, y por tanto, aumentando su productividad ante sus nuevas responsabilidades; los anteriores aspectos benefician directamente al administrado, al brindarle un mejor servicio y atención, evitando traslados y tiempos muertos de espera, ya que se están manejando tiempos de respuesta más cortos y eficientes por medio del correo electrónico, la vía de comunicación por excelencia en tiempos pandémicos. Por su parte, la propia administración también saca ventaja de la situación, ya que al tener a su personal en trabajo remoto, puede optimizar el uso de sus espacios físicos y disminuyen los costos.
Por otra parte, corresponde traer a colación algunos puntos de mejora, identificados por parte de un funcionario que ostenta un puesto de jefatura dentro de uno de los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. Señala este funcionario que no le es fácil enviar a sus subalternos a trabajo remoto por la desconfianza que existe en cuanto al cumplimiento del horario laboral, ya que no les han facilitado algún VPN o software que les permita monitorear la (in)actividad de los trabajadores. Asimismo, menciona un claro déficit en cuanto a la atención al público por medio de las centrales telefónicas, no solo porque pasan saturadas, sino que se dificulta el trasladar o redirigir las llamadas a los agentes de servicio a su teléfono particular; finaliza comentando el esfuerzo que ha hecho la jefatura para solicitar ayuda de los departamentos correspondientes y solventar esos puntos “débiles” sin tener éxito a la fecha.
En definitiva, los resultados del teletrabajo a nivel público son en su mayoría positivos; no obstante lo anterior, aún existen oportunidades de mejora, lo cual es natural debido a su accidentada implementación. Se vuelve necesario entonces el contar con el apoyo necesario de las propias instituciones para enfrentar los retos indicados, perfeccionar la modalidad de teletrabajo con la finalidad de cumplir sus objetivos organizacionales e incluso el mantener esta forma de trabajo como “la regla” una vez que finalice la pandemia o fomentar una modalidad mixta.
