Los $20 millones provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó hoy otorgar US$20 millones no reembolsables a Costa Rica para la implementación del Programa Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia para la Inclusión de Grupos Migrantes Vulnerables.
La donación se da en momentos donde el país recibe, desde finales de julio, a cerca de 2500 migrantes diarios en su frontera con Panamá, según el Gobierno.
El programa será ejecutado por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP) y consta de dos componentes: prevención social de la violencia y fortalecimiento de las capacidades institucionales para atender los flujos migratorios.
El primero permitirá ampliar la infraestructura y los servicios orientados a la prevención de la violencia. Con esto se beneficia tanto a la población migrante como a las comunidades de acogida en diversas regiones del país.
Por medio del segundo, se fortalecerán las capacidades institucionales de la Dirección General de Migración y Extranjería para atender los flujos migratorios, con el objetivo de promover la inclusión socioeconómica de la población migrante y así reducir sus niveles de vulnerabilidad y exposición a delitos y violencia.
El objetivo del BID con la donación es contribuir a reducir la vulnerabilidad de la población local y migrante a la violencia, la marginalidad y la discriminación.
Detallaron que ante el creciente número de migrantes que ingresan al país, o que hacen tránsito en su camino a Estados Unidos, surgen nuevos retos de seguridad para esta población: riesgos de convertirse en víctima y/o victimarios del crimen y la violencia, limitada capacidad institucional para atender necesidades de los migrantes, o el aumento de actitudes en contra de la migración, entre otros.
La donación es posible gracias a que Costa Rica es uno de los países elegibles para acceder a los recursos de la Facilidad No Reembolsable para Apoyar a Países que Reciben Flujos Migratorios Intrarregionales Repentinos y de Gran Magnitud, que el BID constituyó con recursos propios en 2019 por US$100 millones.
Acciones del Ejecutivo
La Administración Chaves Robles informó que para atender a las personas migrantes que se instalan, principalmente en el campo ferial de Paso Canoas, se reunieron con representantes del cantón de Corredores.
En el caso del Consejo de Transporte Público (CTP), aprobaron aumentar a 50 las "carreras de autobús" que movilizan en promedio 2800 migrantes en tránsito al día. El viceministro del Obras Públicas y Transporte, Carlos Ávila, indicó que negociará una propuesta de mejora con la empresa Tracopa en el tema de transporte de migrantes. Mientras que la Policía de Transito trabaja en inspecciones para verificar que no se sobrepase la capacidad legal autorizada.
Además Ávila, junto con Migración y representantes de taxis y transporte buscan elaborar un protocolo para un transporte de migrantes de forma legal y segura.
En el caso del viceministro de Trabajo, Walter Villalobos Fernández, articulará las inspecciones en sitio en el momento que se le remita una lista de lugares donde presuntamente estarían laborando de manera irregular.
Por su parte, el Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, considerará la petición de trasladar la operación del campo ferial a las instalaciones de la Antigua Aduana.
Además, las autoridades de Salud junto con las de Seguridad y las Municipales, inspeccionarán el campo ferial de de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Las autoridades acordaron una reunión de seguimiento para el día 9 de setiembre.
El Poder Ejecutivo también solicitó la ayuda de las Naciones Unidas para atender la situación. La Organización indicó que ya se encuentra en el lugar con sus diferentes agencias para la colaboración de la respuesta conjunta.
